Garantizaremos el cumplimiento de la cobertura sanitaria universal eliminando las trabas administrativas y legales existentes para el cumplimiento íntegro de este derecho incluso en aquellos supuestos no contemplados en el RD 7/2018, instando al gobierno de la nación a su reformulación. Se ampliará progresivamente el ámbito de la cobertura de medicamentos, desarrollando la normativa y las prestaciones precisas para ello.

Como la universalidad no ha de ser solo un derecho sino también un hecho facilitado por las instituciones, se mejorarán los servicios de interpretación 24 horas en los centros sanitarios, así como se extenderán medidas de probado éxito como la acción de los y las profesionales de la mediación cultural.

Garantizaremos que todas las personas de la Comunidad de Madrid tengan derecho a un abordaje integral, multisectorial e intersectorial de la salud. Desarrollaremos políticas públicas efectivas que garanticen la prevención y promoción de la salud basado en los determinantes sociales de la salud con especial atención a las medidas de protección social y de protección del medioambiente como garantes de salud.

Se trabajará sobre un abordaje centrado en revertir las desigualdades en salud y bienestar, especialmente en el marco de las nuevas vulnerabilidades destapadas y acrecentadas por la pandemia de COVID-19, que han venido a sumarse a las existentes previamente y han mostrado como una sociedad desigual es una sociedad más débil ante las adversidades.

Se impulsará la Receta Social y se incluirá la prescripción social en la cartera de servicios del SERMAS, con incorporación en los sistemas de historia clínica electrónica y formación sobre su realización y recursos de la comunidad para su puesta en práctica.

Se reembolsarán los copagos farmacéuticos y no farmacéuticos (terapias de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional) en aquellas rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales así como en otros supuestos como situación de desempleo, y personas con hijos/as a cargo que tengan una enfermedad crónica o una discapacidad superior al 33%.

Se implantarán topes de aportación según renta en la población activa para evitar las barreras de acceso económico a la adherencia a los tratamientos, eliminando la pobreza farmacéutica.

Se implementarán mecanismos para hacer efectivas medidas de compensación con el objetivo de reembolsar el copago farmacéutico y los copagos no farmacéuticos a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, que por dificultades económicas o encontrarse en situación de exclusión social puedan estar en riesgo de una inadecuada adherencia terapéutica.

Garantizaremos el cumplimiento de la Ley 4/2017 del 9 de marzo, de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, velando por su cumplimiento, especialmente en los colectivos más desprotegidos (personas con discapacidad, población pediátrica, personas en riesgo de exclusión, …), garantizando de este modo, con los recursos materiales y profesionales adecuados, la cobertura completa de cuidados y atención al final de la vida para las personas que así lo necesiten y deseen.

Impulsar el registro de voluntades anticipadas impulsando mecanismos que permitan acercar la posibilidad de que los madrileños y madrileñas puedan conocerlas y llevarlas a cabo, favoreciendo la información a través de los Servicios de Atención al Usuario tanto en Atención Primaria como en los Hospitales.

Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Eutanasia de una forma garantista, mediante el cumplimiento a nivel autonómico de lo regulado en dicha ley y ofreciendo a los profesionales la formación y garantías necesarias, así como a la población el acceso a este derecho. Impulsaremos la Comisión de Seguimiento de la Ley de la Eutanasia con la creación del Comité de Seguimiento en el plazo que recoge la ley y poniendo en marcha todos los protocolos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Todo esto se hará garantizando los recursos profesionales y la financiación pública adecuados.

Garantizaremos un igual derecho a la salud de las mujeres y los hombres a través de la integración activa del principio de igualdad en los objetivos y en las actuaciones de las políticas de salud, que asegure tanto la igualdad de oportunidades como de resultados. Se incluirá la perspectiva de género en todos los programas y planes de salud.

Se creará la Dirección General de Salud Pública y Determinantes Sociales de Salud, añadiendo a la actual DG de Salud Pública la realización del análisis, estudio y diagnóstico de dichos determinantes sociales, junto con la elaboración de políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades sociales en salud. Se dotará de mayor número de profesionales dicha Dirección General, no solo para el control de la situación en el marco de la coyuntura generada por la pandemia, sino también para poder impulsar el necesario liderazgo de la salud pública en el conjunto de las políticas de salud.

Se implantará y extenderá la historia socio-sanitaria compartida.

Se derogará la ley que incluye la creación del Área Única (Ley 6/2009) y se conformarán diferentes áreas de salud y bienestar como estructura nuclear administrativa y asistencial, haciendo coincidir en dichas áreas los diferentes niveles asistenciales. considerando factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias.

Se distribuirá la población de referencia asignada a las diferentes áreas, a la población no censada y a los diferentes centros sanitarios según necesidades y recursos disponibles en cada área.

Se elaborará un mapa sociosanitario y se realizará un estudio de necesidades poblacionales en las diferentes áreas de la Comunidad de Madrid que tome en consideración los diferentes niveles asistenciales e integre los servicios socio-sanitarios.

Se implementarán sistemas de coordinación socio-sanitaria en cada Área de Salud y Bienestar, disponiendo de nuevos mecanismos de trabajo en red en toda la región y el uso coordinado y fluido de los diferentes dispositivos socio-sanitarios.

En cada área de salud y bienestar se trabajará en los centros educativos, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, culturales y deportivas y demás activos en salud mapeados, en coordinación con los diferentes servicios socio-sanitarios para actuar en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo de sustancias de abuso, la creciente adicción al juego y la promoción de los estilos de vida saludables con especial énfasis en la educación afectivo-sexual con visión de género y de trato. Se fomentará la figura de la enfermera escolar en coordinación con los centros de Atención Primaria.

Se potenciará la coordinación y el uso de sinergias con el resto de dispositivos educativos, deportivos y culturales, como por ejemplo, impulsando la Receta Deportiva para fomentar que desde los centros sanitarios, en coordinación con los profesionales del deporte y los programas diseñados por ellos, se prescriba el ejercicio físico para prevenir y tratar numerosas enfermedades.

Se propondrá al Ayuntamiento de Madrid la creación de un Consorcio de Salud y Bienestar entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno autonómico, contemplando mecanismos de cooperación con el resto de municipios, con presencia de la sociedad civil (FRAVM, etc.) que ayude a redefinir funciones, eliminar duplicidades, propiciar apoyos sinérgicos y monitorizar de manera estable los espacios compartidos (salud pública, emergencia extrahospitalaria, salud comunitaria, adicciones, …).

Se propondrán medidas para el fomento de la salud sexual, aprovechando el mapeo de activos en salud, reforzando y apoyando la labor que realiza el tercer sector y potenciando alianzas con distintos actores a nivel sanitario, social y educativo. Se implementarán políticas de prevención para evitar nuevas infecciones por VHC, VIH y otras ITS.

La Comunidad de Madrid en colaboración con el ayuntamiento cumplirá con la Declaración de París, de cara al Objetivo 90-90-90 y adhesión e implementación del Pacto Social por la no discriminación y la Igualdad de trato asociada al VIH.

Se continuará desarrollando la implantación de la profilaxis pre-exposición para VIH (PrEP) en la Comunidad de Madrid en consonancia con los protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad.

Se implementará una estrategia transversal para la Prevención y Actuación contra Mutilación Genital Femenina donde se implicará a profesionales sanitarios, de educación y del ámbito social.

Se garantizará la fecundación in vitro (FIV) para las mujeres sin pareja o con pareja femenina de cualquier edad hasta la edad límite establecida para las FIV. Se implantará un banco de óvulos y semen de carácter público y se ampliarán las indicaciones actuales para vitrificación de ovocitos para mayores tramos de edad y situaciones especiales. Se estudiará la incorporación del diagnóstico genético preimplantacional en centros públicos de referencia.

Se comenzará el proceso de incorporación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVEs) dentro de la red pública del SERMAS.

Se elaborará un plan de formación en violencia de género para profesionales sanitarios que incluya indicadores para la detección y el diagnóstico precoz. Se ampliarán los dispositivos sanitarios de evaluación de los daños tras una agresión sexual.

Revisar el protocolo de seguimiento postparto para, al menos, equiparar las citas de seguimiento de la familia, y especialmente de la madre, a las que tiene el bebé hasta los 2 años, incorporando en dicho protocolo la atención a la salud física y emocional de la madre y la familia, con visitas de control a las matronas y a las trabajadoras sociales comunitarias a fin de detectar cualquier tipo de necesidad psicosocial de la mujer y la familia, y especialmente cualquier situación de depresión post parto y/o maltrato machista a fin de derivar su atención a especialistas. Especial atención al proceso de lactancia y a la reincorporación al trabajo.

Crearemos un programa de acompañamiento psicosocial a las familias de bebés prematuros con periodo de incubadoras.

Se desarrollará un Plan de Atención y Acompañamiento al duelo perinatal y neonatal.

Planteamos la necesidad de abordar un proceso de fortalecimiento y reforma de la Atención Primaria basada en cinco ejes fundamentales: I) aumento de la inversión presupuestaria en atención primaria (hasta el 20% del gasto sanitario público) , II) ampliación de la cartera de servicios y rediseño de los roles profesionales dentro de los equipos de atención primaria, III) impulsar las innovaciones organizativas basadas en la gestión por parte de los profesionales y en la incorporación de la complejidad clínica y social para organizar la asistencia (por ejemplo, pilotando las agendas inteligentes), IV) dignificación de las condiciones laborales tanto a nivel de estabilidad en la contratación como en la implantación de mejoras organizativas encaminadas a la conciliación laboral-familiar, la cobertura de las sustituciones y el impulso y extensión de la carrera profesional a todos los colectivos, V) fomento de la orientación comunitaria de la atención primaria tanto en sus objetivos como en los criterios de evaluación de la asistencia prestada, VI) Agilizar la dotación de presupuesto para las reformas y nuevas construcciones de centros de salud que llevan incluidas en el listado de necesidades estructurales desde hace más de una legislatura completa.

Con el objetivo de aumentar a 12 minutos por consulta la duración de los encuentros clínicos, incrementaremos las plantillas de Atención Primaria en 800 médicos/médicas de familia, 175 pediatras y 900 enfermeras, abordando de esta manera el déficit estructural de profesionales.

Fortaleceremos las denominadas unidades de apoyo de Atención Primaria con fisioterapeutas, logopedas, farmacéuticos y trabajadores sociales con la incorporación de podólogos, dietistas-nutricionistas y terapéutas ocupacionales.

Recuperación de las medidas previamente aprobadas de incentivo y remuneración de la penosidad de los turnos de tarde en atención primaria establecidas en un 15% del salario proporcional al número de tardes realizadas.

Aumento de la dotación de matronas de Atención Primaria y homogeneización de sus funciones, fomentar su trabajo con la comunidad, a través de los grupos de pre-parto y post-parto, formaciones sobre lactancia materna y crianza y aumentar su presencia en espacios sociocomunitarios.

Ahondar, de la mano de los profesionales de Atención Primaria, en las estrategias de desburocratización de la práctica asistencial, especialmente en relación a la emisión de justificantes de reposo; a este respecto, se creará, dentro de las posibilidades de nuestro marco competencial, el marco legislativo necesario para que los y las trabajadores/as puedan autojustificar las ausencias por enfermedad inferiores a 72 horas, con periodicidad máxima a estudiar, sin que sea precisa la emisión de un documento justificativo por parte de ningún profesional sanitario, incorporando elementos de protección del trabajador para que esto no pueda ser utilizado como justificación para el despido. Elevación a la instancia competencial competente de las necesidades legislativas que sean precisas más allá del marco autonómico.

Introducción en la historia clínica electrónica de atención primaria de variables de fácil recogida y visualización acerca de la condición socioeconómica dentro de la historia socio-sanitaria.

Adecuación del uso del correo electrónico, el teléfono y la videollamada, con el tiempo en agenda correspondiente, para los trámites y consultas que no precisen de presencia física para su realización, y garantía de que los profesionales contarán con los materiales necesarios (y el tiempo) para ello.

Se potenciará la figura del farmacéutico de atención primaria en su labor formativa así como en el control compartido con los/as médicos/as y enfermeros/as de atención primaria de los pacientes polimedicados, potenciando las líneas de acción en relación con la prescripción, la deprescripción y el uso adecuado del medicamento, e integrando dicha figura en los Equipos de Atención Primaria.

Desarrollar la figura del personal administrativo sanitario, con competencias específicas, remuneración acorde y capacidad para ordenar y gestionar la demanda.

Fortalecer los equipos de atención bucodental de la Comunidad de Madrid con ampliación de las plantillas de odontólogos e higienistas, expandiendo la cobertura y prestaciones incluidas en la cartera de servicios del Servicio Madrileño de Salud para garantizar que el gasto en prestaciones odontológicas fundamentales no suponga una barrera para el acceso.

Dotar de suficientes medios a las unidades de fisioterapia y logopedia de AP, que les permita atender con tiempo y recursos adecuados a los usuarios y ofrecer enseñanza en el uso de ayudas técnicas (bastones, muletas), para aumentar su grado de autonomía.

Se realizará un análisis de las necesidades poblacionales de urgencias de atención primaria (SUAP y SAR) para garantizar una atención de calidad a los problemas menores de salud de los madrileños y descongestionar las urgencias hospitalarias. Además, se aprovechará la dotación tecnológica (radiología simple, ecografía,…) de los Centros de Especialidades Periféricos (CEP) durante las noches, fines de semana y festivos, así como el fomento del uso de la teleconsulta entre profesionales de estos centros y las urgencias hospitalarias para aumentar la capacidad resolutiva de los centros de urgencias de atención primaria.

Reapertura de los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) cerrados durante la pandemia de COVID-19 y recuperación de la asistencia que venían prestando. Además, los SUAP y sus profesionales pasarán a depender de la gerencia de atención primaria, contando con plantillas propias de profesionales.

Se equipararán las condiciones laborales y formativas de los profesionales que trabajan en los Servicios de Urgencias de Áreas Rurales a las condiciones de los demás profesionales de Atención Primaria, especialmente en lo relacionado con reconocimiento del derecho de disfrute de los días de libre disposición, reconocimiento de la labor de tutorización de residentes realizada y mejora de la oferta formativa relacionada con las singularidades de este ámbito asistencial.

Se mejorará la adecuación de la dotación material relacionada con la seguridad en los Servicios de Urgencias de Áreas Rurales, tanto en relación con el desempeño de la práctica asistencial como en lo dirigido a la evitación de agresiones.

Se revisará la actual estrategia de pacientes crónicos y vulnerables para garantizar una asistencia continuada con integración de los cuidados en los diferentes niveles asistenciales, sociales y educativos, utilizando la red de activos en salud disponibles en la comunidad derivado del proceso de mapeo.

Se potenciarán las actuaciones de las enfermeras en la atención a los procesos crónicos, como educadores/entrenadores en autocuidados, gestores de casos en pacientes con condiciones de especial complejidad y profesionales de enlace para mejorar la transición entre ámbitos y unidades de atención.

Se aumentará el peso relativo de la atención domiciliaria programada en la planificación y gestión de la Atención Primaria de salud potenciando la actuación de las enfermeras de Atención Primaria.

Se extenderá la figura del especialista hospitalario de referencia y del especialista consultor para los pacientes incluidos en el nivel alto de riesgo.

Se elaborarán estrategias para el cuidado y la protección de la salud de las personas mayores tanto en las residencias, centros de día, como en sus domicilios a través de protocolos coordinados, tele-asistencia y dispositivos de seguridad, incentivándose el cumplimiento de los estándares básicos de calidad de los cuidados, protección de la salud y del bienestar de las personas mayores. Se establecerán programas específicos de recuperación de la atención en los pacientes que, debido a la pandemia de COVID-19, pudieran haber perdido contacto con el sistema sanitario.

Se desarrollará un Plan de Prevención de la Soledad No Deseada. La Soledad No Deseada es un problema de salud pública poco visualizado que ha ido en aumento conforme avanza la pandemia, cuya raíz está en las condiciones de vida actuales. Afecta preferentemente a mujeres mayores, personas con discapacidad/diversidad funcional y colectivos en riesgo de exclusión social. Los ejes del plan son: I) Censar adecuadamente a las personas con posibilidad de padecer Soledad No Deseada. II) Crear y promocionar redes de apoyo informal en barrios, distritos y núcleos urbanos a pequeña escala, con garantías de continuidad, que faciliten la revinculación y participación sociocomunitaria que ejerzan un efecto positivo sobre su estado de salud. III) Promocionar soluciones residenciales que faciliten la permanencia y el arraigo de las personas afectadas en su hábitat natural.

Se promoverá el apoyo a la investigación en atención primaria en diferentes vertientes: I) apoyo metodológico desde la gerencia de atención primaria, II) liberación de espacio para dedicación específica en la jornada laboral ordinaria, III) fomento del proceso de publicación de las investigaciones realizadas por parte de los Especialistas Internos Residentes en el ámbito de la atención primaria, IV) priorización tanto en financiación como en dedicación de recursos no económicos de la investigación destinada a la modificación o evaluación de la práctica clínica por parte de las diferentes categorías profesionales.

Garantizar el derecho a la Salud Mental como uno de los ejes de reconstrucción social y comunitaria. Proponemos las siguientes medidas fundamentales como parte de un Plan de Choque en Salud Mental: 1. Aumentar la ratio de profesionales de la psiquiatría, la psicología clínica y de enfermeras especialistas en salud mental hasta un mínimo de 10×100.000 habitantes, preferentemente en los servicios de salud mental comunitarios y en todos los centros de Atención Primaria . 2. Disminuir las listas de espera y los tiempos entre cita, hasta una media aproximada de 10 días. 3 Realizar campañas de sensibilización para eliminar el estigma sobre la salud mental 4. Establecer protocolos de coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales en el que se garantice una intervención integral contra los determinantes sociales y familiares de la salud mental. 5. Realización de un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental con la máxima participación de los agentes sociales, políticos y científicos. 6. Recuperar el Pleno Monográfico sobre Salud Mental en la Asamblea con carácter preferente 7. Desarrollo de medidas específicas para atender los problemas de Salud Mental en los y las jóvenes, abordando así mismo la elaboración de los planes educativos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de los estudiantes, 8. Además, prestaremos especial atención a lo relacionado con la salud mental en el marco del ámbito educativo, e invertiremos en formación y apoyo para todo el personal educativo, introduciendo prácticas exitosas de sensibilización y detección con los alumnos y alumnas en todas las etapas educativas y con especial énfasis en la etapa secundaria.

Se pondrá en marcha el desarrollo de la estrategia #0Contenciones, relativa a la eliminación de las sujeciones mecánicas en todo el ámbito asistencial, especialmente en el de la salud mental. Se propondrá para ello una iniciativa legislativa específica en el primer año de legislatura. Se trabajará con todos los colectivos implicados, especialmente el de psiquiatras y personal de unidades de hospitalización de agudos así como de usuarios, familiares y colectivos afines, para conseguir que las prácticas coercitivas sean una excepcionalidad y tiendan a desaparecer, para ser sustituidas por otras prácticas de cuidados en la crisis que no atenten contra la dignidad de la persona, basadas en los derechos humanos y la vinculación afectiva, realizadas por personal bien formado, como las que se promueven en unidades hospitalarias de modelo abierto o las de ingreso domiciliario.

Potenciaremos las políticas de prevención de la cronicidad en salud mental de orientación comunitaria centrada en los modelos de recuperación y de diversidad funcional, que exige abordaje multiprofesional y trabajo en equipo, en colaboración permanente con usuarios, familiares y colectivos implicados como expertos, incluido los órganos de gobierno. Orientar las prácticas de salud mental hacia el objetivo de la recuperación funcional e integración social de las personas con problemas de salud mental. Para ello se ampliarán las intervenciones psicosociales y de reinserción eficaces en el ámbito comunitario, dotandolas del presupuesto y personal necesario.

Se elaborará un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental 2021-23 previa evaluación del anterior que finalizó en el 2020. Se contará para ello con el mayor grado de participación de los profesionales, colectivos de usuarios y familiares en coordinación además con representantes, profesionales y colectivos implicados en los Servicios Sociales.

El presupuesto para la Salud Mental avanzará progresivamente hacia un 10 % del total del destinado a sanidad para garantizar una atención de calidad con ratios de profesionales convergiendo con la media europea.

Se dotará adecuadamente el Observatorio de Salud Mental con la función de realizar un análisis de la ejecución y seguimiento del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

Priorización del abordaje de los llamados trastornos mentales graves para evitar la cronicidad, erradicar el estigma y evitar la ley de cuidados inversos.

Se fomentarán en los distintos espacios educativos, sociales y culturales el conocimiento y la integración de los trastornos mentales de cara a una inclusión social efectiva. Se fomentará y promoverán redes de apoyo a las familias y colectivos de las personas con trastorno mental, implantando programas de apoyo, formación y seguimiento de manera colaborativa y horizontal.

Se avanzará en el desarrollo de estrategias efectivas de prevención del suicidio coordinadas con las redes de apoyo de familiares y colectivos. Se elaborará un Plan de Prevención Primaria y Secundaria del Suicidio, coordinando al Ayuntamiento de Madrid con la Oficina Regional de Salud Mental y con las organizaciones sectoriales vinculadas, tanto profesionales como de la sociedad civil como con el resto de municipios.

Se dotará a la desvanecida Oficina Regional de Salud Mental de competencias específicas, recursos humanos y medios técnicos para la planificación, coordinación y evaluación de las políticas y programas asistenciales de salud mental y para asignar fondos finalistas orientados a una discriminación positiva. Supervisar su ejecución.

Se volverá a la territorialización de la asistencia en salud mental en áreas bien definidas, coincidentes con el resto de niveles asistenciales, en función de las características poblacionales de los diferentes núcleos urbanos o distritos y sus recursos sanitarios, conforme al modelo comunitario y al abordaje bio-psico-social que requieren la responsabilidad sobre un área de población determinada que implique así mismo un solapamiento, lo más exacto posible, con las áreas territoriales de la Red de Atención Social a las personas con enfermedad mental grave y duradera, para facilitar la coordinación de estrategias.

Se terminará la integración de la Red de Atención a Drogodependencias en la Red de Salud Mental. Se valorará la internalización de los Centros de Atención Integral a Drogodependientes de la Comunidad de Madrid, y la coordinación eficaz con los centros dependientes de los ayuntamientos. Se hará una regulación restrictiva de las casas de apuestas, prevención de la ludopatía mediante la concienciación de los jóvenes y fomento de la asistencia médica y/o psicológica a personas con adicción al juego. Se prohibirá, dentro de los límites competenciales, la publicidad explícita sobre juego en medios de comunicación, tal y como ocurre con el alcohol y el tabaco. Se incrementará la atención a las adicciones no tóxicas (en especial el juego on line entre los jóvenes).

Consideración preferente de la especialidad de Enfermería de Salud Mental para la asignación de plazas. Se aumentarán en futuras convocatorias el número de plazas de Especialistas de todas las disciplinas relacionadas con la atención multidisciplinar en Salud Mental, especialmente en Psicología Clínica, para poder dar respuesta especializada adecuada tanto de la demanda desde Atención Primaria como del resto de niveles asistenciales, especialmente en dotación de hospitales de día, para acercar a lo largo de esta legislatura las ratios por 100.000 habitantes a la media europea.

Se fomentará el desarrollo e implantación de programas y unidades de atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil promoviendo el reconocimiento y formación de especialistas multidisciplinares en esta área.

Se estudiará y promoverá la coordinación funcional de la atención integral de los problemas de salud mental, incluyendo los dispositivos, unidades asistenciales y programas que dependen de distintas administraciones (municipales y/o autonómicas) como servicios sociales, educación etc

Se elaborará un plan de redimensionamiento de las plantillas de los hospitales dirigido a, en el corto plazo, dotar de la suficiencia presupuestaria para poder cubrir el 100% de las ausencias previsibles de los y las profesionales así como cubrir las carencias de profesionales de los últimos 10 años. Se realizará un análisis y recomendaciones de ratios de profesionales/paciente según complejidad de cuidados, que garanticen la calidad y seguridad de la asistencia.

Se analizarán y actualizarán los planes estratégicos de las diferentes especialidades elaborados en consonancia con los profesionales implicados y se elaborará un cronograma de ejecución que planifique las diferentes acciones de mejora a implementar. Se elaborarán circuitos de atención a los pacientes complejos o que requieran centros de referencia para el tratamiento integral de sus patologías. Se planificará la asistencia en Red aprovechando sinergias y circuitos que hagan eficiente el flujo de pacientes por el sistema sanitario.

Se elaborará un Plan específico de Atención integral a los pacientes con cáncer que establezca coaliciones, evalúe la carga del cáncer y sus cuidados, determine prioridades y elabore y ejecute planes en coordinación con los profesionales, las asociaciones y los pacientes.

Se potenciarán y dotarán de los recursos necesarios los CSUR y se fomentará su inclusión en las Redes Europeas de Referencia (ERNs). Impulsaremos la coordinación, accesibilidad y formación en CSUR y ERNs dedicados a las Enfermedades Raras y neurodegenerativas.

Se dotarán a los servicios de urgencias de los recursos humanos y materiales especializados necesarios para la atención digna de los pacientes que acuden a las urgencias según frecuentación, complejidad e infraestructuras de cada centro hospitalario.

Se impulsarán los análisis y evaluaciones sobre la frecuentación, tiempos de atención e ingresos evitables de cada centro para elaborar soluciones compartidas con los profesionales que mejoren la calidad de la asistencia en las Urgencias de nuestra Comunidad.

La atención y hospitalización domiciliaria será una prioridad en el manejo de los problemas de salud de la población; para ello la coordinación entre la atención hospitalaria domiciliaria y la atención domiciliaria proporcionada desde atención primaria es esencial. Se fomentará la figura del gestor de casos.

Se elaborará un mapa de necesidades de recursos de media y larga estancia y se dotará adecuadamente estos recursos con la ampliación de la Red de Hospitales de Media-larga estancia en nuestra región. Se rehabilitará el antiguo Hospital Puerta de Hierro como hospital de media-larga estancia.

Se habilitarán espacios para el cuidado de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas en coordinación con los recursos domiciliarios tanto de atención primaria como de hospitales.

Se elaborará un plan de redimensionamiento de las plantillas del SUMMA112 dirigido a, en el corto plazo, dotar de la suficiencia presupuestaria para poder cubrir el 100% de las ausencias previsibles de los y las profesionales así como cubrir las carencias de profesionales de los últimos 10 años.

Se solicitará la transferencia de la sanidad penitenciaria, incluida la de salud mental, a la Comunidad de Madrid, así como la atención sanitaria en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), exigiendo a la Administración Central la transferencia de los recursos económicos necesarios.

Se desarrollarán estrategias y herramientas de evaluación contínua de la calidad de la asistencia tanto en los servicios de titularidad pública como en aquellos de titularidad privada que den servicio a la red sanitaria única de utilización pública.

Se reforzará el seguimiento, evaluación y control de los indicadores asistenciales, así como la gestión de las medidas necesarias para su cumplimiento efectivo.

Se ampliarán y revisarán los indicadores de salud del Observatorio de resultados del SERMAS y se dará publicidad activa y periódica a los indicadores de resultados y procesos de los establecimientos públicos sanitarios que permitan la comparación entre establecimientos con el ánimo de mejora continua de los mismos.

Se reforzará la inspección de los establecimientos sanitarios y el seguimiento de las reclamaciones y denuncias.

Se desarrollará la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Políticas de Salud dentro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, encargada de evaluar el rigor científico y la evidencia existente respecto a las tecnologías sanitarias, el buen uso de los fármacos y los resultados de las políticas de salud implementadas

Se llevará a cabo el desarrollo e implantación de un programa continuo de evaluación y eliminación de actividades sin evidencia relevante o de escaso valor clínico, para la posterior reubicación de los recursos liberados en actividades con mayor valor añadido tanto para el paciente como para el sistema sanitario y para la protección de la seguridad de los usuarios.

Se promoverá la transición ecológica de la práctica clínica reduciendo la huella y reduciendo lo innecesario a través de: I) La elaboración e implantación de una Estrategia frente a la Medicalización de la Vida Diaria; II) El desarrollo de una Estrategia Estatal para la Reducción de la Huella Ecológica de los Centros Sanitarios que recoja la evidencia disponible sobre las medidas necesarias para dicho fin y se promueva la adscripción de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables.

Elaboración de un Plan de Actuación ante Pandemias, donde se aborde la generación de conocimiento científico y el papel de la evidencia en la toma de decisiones, los cauces de coordinación entre las diferentes instituciones, la necesidad de contar con comités asesores técnicos y la delimitación de sus funciones. Además, deberán preverse planes de contingencia para diferentes supuestos y planificarse la flexibilización de los roles profesionales en caso de gran necesidad. Dicho Plan deberá contemplar, así mismo, los mecanismos de protección de colectivos vulnerables en caso de situación de emergencia epidémica, y otros aspectos relacionados con los suministros, las compras centralizadas o los desarrollos de capacidad industrial sanitaria. Este Plan deberá aprobarse por parte del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Para asegurar el incremento de la producción y el acceso equitativo de vacunas para el COVID es necesario explorar vías alternativas al actual sistema de protección intelectual. Para ello, instaremos al gobierno central a 1. Que apoye en el marco de la Organización Mundial del Comercio el levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el desarrollo de tecnologías para producir vacunas, diagnósticos y terapias para el covid, 2. Que apoye, en el marco de la Unión Europea, mecanismos para asegurar que la inversión española y europea en I+D destinada al desarrollo de vacunas para el COVID, repercuta en un mayor acceso global a estas vacunas, mediante la búsqueda de licencias no exclusivas con fabricantes de terceros países, 3. Que facilite que las innovaciones desarrolladas gracias a financiación pública nacional y regional, sean tratadas como bienes públicos globales, facilitando el acceso equitativo global mediante la participación en el mecanismo C-TAP o similares, a través de licencias no exclusivas o mediante la no ejecución de patentes en terceros países.

Plan de abordaje multidisciplinar de la COVID-19 prolongada. Realizar un programa específico de la atención del Covid persistente y las secuelas de COVID. Se realizará un plan de abordaje multidisciplinar, con la colaboración de los pacientes, centrado en Atención Primaria y que garantice el correcto seguimiento a todos los niveles, así como la ágil realización de las pruebas diagnósticas pertinentes y los procedimientos terapéuticos y rehabilitadores necesarios.

Durante la pandemia de COVID-19 está habiendo muchos pacientes con padecimientos diferentes a la COVID-19 que no están viendo atendidas sus necesidades en salud. Elaboraremos un plan de choque para la recuperación en el plazo de un año de las consultas, pruebas diagnósticas y cirugías canceladas y no recuperadas, así como para que el sistema sanitario llegue de forma activa a los pacientes vulnerables que, bien por miedo a acudir a centros sanitarios o bien por problemas de accesibilidad derivados de los cambios organizativos en el sistema sanitario, hayan visto disminuida la atención sanitaria que estaban recibiendo previamente a la pandemia.

Se favorecerá, de forma previamente planificada, la redistribución de recursos o traslado de pacientes en función de la presión asistencial o escasez de recursos en situaciones de emergencia, valorando centralizar patologías (quirúrgicas, ambulatorias) en centros sanitarios concretos para no paralizar toda la asistencia en caso de nuevos colapsos sanitarios.

Reorganización del Hospital Enfermera Isabel Zendal en un Health Lab que dé respuesta a las diferentes necesidades existentes en nuestra Comunidad Autónoma, especialmente las que puedan estar relacionadas con los ingresos de Larga Estancia y Rehabilitación, la realización de pruebas complementarias que puedan ser internalizadas para no derivarse a centros privados o la generación de espacios de innovación e investigación; todo ello con personal propio no obligado ni sustraído a otros centros sanitarios.

Planificación del plan de vacunación con antelación, mediante una estrategia que tenga en cuenta la centralidad de la Atención Primaria en la administración de las vacunas frente a la COVID-19, como se aprobó en la Asamblea de Madrid, y que recoja aspectos fundamentales como el protocolo a seguir con las posibles dosis sobrantes por situaciones imprevistas. Ese Plan incorporará la facilitación a la vacunación a colectivos de mayor vulnerabilidad y menos accesibilidad al sistema sanitario, como son las personas sin hogar, los migrantes sin papeles y los grandes dependientes. Además, ampliaremos los puntos de vacunación, siempre desde un principio de proximidad a la población, incorporando a los centros educativos como posible lugar de vacunación, sin interferencias con la actividad educativa habitual.

Potenciar el rastreo/trazabilidad de la población infectada: aumentar recursos humanos para dicha propuesta y aumentar el uso efectivo de la tecnología (aplicaciones móviles, centralizar la comunicación temprana de positivo/negativo con dichas aplicaciones incentivando su uso, uso de códigos QR para entrar en espacios con múltiples contactos para aumentar la posibilidad de trazabilidad). Se valorará la implantación de una segunda prueba diagnóstica de infección aguda para los contactos estrechos previamente al alta de la cuarentena, así como se implementarán estrategias de rastreo retrospectivo de forma similar a las implementadas en otras Comunidades Autónomas.

La pandemia de COVID-19 evidenció una estructura muy débil y poco capacitada para dar respuesta a la necesidad de atención sanitaria de los trabajadores de la sanidad en materia de salud laboral. Se reforzarán los servicios de salud laboral, se aprobarán protocolos de actuación para situaciones de aumento de las necesidades, con especial énfasis en la atención y asesoría a trabajadores de especial vulnerabilidad y situaciones como embarazo y lactancia. Se facilitará la accesibilidad a programas de cuidado y atención psicológica para los y las profesionales que sufran problemas de salud mental a raíz de lo acaecido durante la pandemia de COVID-19.

Se realizarán estudios de viabilidad y eficiencia de la progresiva internalización de los servicios externalizados tanto asistenciales como no asistenciales (Centros de Atención Integral a la Drogodependencia, transporte sanitario urgente, limpieza, lavandería, codificación, cocinas y restauración, servicios de mantenimiento, centro de atención personalizada-Call Center, Laboratorio central, Unidad Técnica de Control…etc) priorizando aquellos que tengan mayor impacto en la salud e interés público y vigilando mientras tanto el estricto cumplimiento de los contratos y evaluando la calidad de los servicios prestados.

Se activarán las vías legales disponibles para recuperar el carácter público de los hospitales privatizados.

Se revisarán minuciosamente los contratos de los hospitales en régimen de concesión y se ajustarán los mismos en defensa del interés público.

Se revisará y reformulará el convenio singular suscrito con la Fundación Jiménez Díaz a fin de homogeneizar los criterios de financiación de esta entidad con el resto de hospitales del SERMAS, modificando el contrato financiado por actividad hacia un modelo de financiación capitativa tal como se refleja en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Asimismo, su población de referencia será redimensionada y se revisarán las condiciones económicas de las instalaciones públicas que se les ha cedido (como el CEP de Pontones, el CEP de Quintana, el CSM de Argüelles y el CSM de Carabanchel-Arganzuela).

Se garantizará la igualdad de acceso y financiación de todos los centros de la red sanitaria única de utilización pública que asegure la equidad de la asistencia sanitaria en calidad, recursos y tiempos de espera.

Se incrementará el control de Inspección Sanitaria y se intensificarán las auditorías a aquellas concesiones administrativas para asegurar la calidad y equidad de la asistencia sanitaria.

Se trabajará para la homologación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de los hospitales privados concesionados y en régimen de concesión administrativa , asegurando la calidad de la asistencia y de los puestos de trabajo en estos hospitales.Se reducirá la estructura de los altos cargos y se trabajará para modificar la cultura del control por la cultura de la confianza, involucrando a los profesionales de las unidades en la toma de decisiones, con el consejo de expertos internos y de afectados por la decisión.

Se elaborará el reglamento de la Ley 10/2019 de transparencia y participación adaptando sus principios al Sistema Madrileño de Salud.

Se elaborará el reglamento de la Ley 1/2017 de 22 de diciembre de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión, que articule todos los mecanismos que posibiliten el mayor grado posible de profesionalización en la gestión sanitaria y de transparencia en la misma, con acceso para cualquier profesional preparado.

Se organizarán las estructuras administrativas y asistenciales sanitarias en Áreas de salud coincidentes con los distritos y las Direcciones Territoriales de Atención Primaria cuyo ámbito geográfico y competencial se determinará según las necesidades poblacionales.

Se desarrollarán mecanismos eficaces de detección de las ineficiencias del sistema así como de eventos adversos y problemas de seguridad evitables. La administración jugará un papel esencial en el control de la publicidad engañosa, la mala praxis y el intrusismo laboral guiado todo por el principio superior de la protección de la seguridad del paciente.

Se promoverá tanto la investigación como la innovación en el campo de la gestión que hagan posibles las mejoras en el campo de la organización de los servicios sanitarios. Se desarrollarán mecanismos de evaluación y benchmarking y rendición de cuentas en el campo de la gestión sanitaria.

Se adecuará la telemedicina como un mecanismo apropiado y eficiente para mejorar la salud, asegurando que se practique en un contexto conforme a estándares de calidad sanitaria y evidencia científica demostrada, dotándose de infraestructuras adecuadas para ello. Además de la prestación de servicios clínicos a distancia, las tecnologías digitales permitirán avanzar en el concepto de telesalud, un término más amplio que incide en el mantenimiento de la salud y el bienestar de las personas, mediante el uso de diversas tecnologías (apps, sensores personales) para monitorizar diversos factores de riesgo (sueño, actividad física, ritmo cardíaco, niveles de glucosa en sangre) relevantes en el manejo de enfermedades crónicas.

Se fomentará la investigación y desarrollo de estas soluciones, un ámbito claramente prometedor para los centros y empresas innovadoras, con gran potencial económico y clínico, que podría posicionar a la Comunidad de Madrid como un hub de nivel europeo e internacional en Digital Therapeutics. Se apoyará a los desarrolladores y se establecerá un diálogo con las entidades reguladoras para conseguir la evaluación y aprobación de estas soluciones para su uso en el sistema de salud.

Se asegurará que los proyectos financiados por la Comunidad de Madrid incluyan población normalmente infrarrepresentada en los estudios (diversidad) y se tratará de concienciar a la población sobre las oportunidades y riesgos potenciales de la medicina personalizada.

Se devolverán a la red pública todas las externalizaciones del archivo de historias clínicas y la codificación de datos potenciando los servicios de codificación existentes en los centros sanitarios. Se desarrollarán programas para la mejora de la gestión de grandes fuentes de datos (historia clínica, estadísticas, geodatos, sensores) y su explotación para uso secundario en investigación, planificación sanitaria y salud pública. Se promoverá la aplicación ética y segura de métodos de inteligencia artificial para el análisis avanzado de datos con fines de apoyo a la decisión clínica, predicción de riesgo de enfermedad, modelización y simulación de procesos.

Se hará una evaluación exhaustiva del desarrollo de la historia digital de salud, de la idoneidad de los contratos actuales y de su posible mejora hacia la interoperabilidad y convergencia de los diferentes sistemas existentes, incluyendo funcionalidades más orientadas a la clínica y la investigación.

Se desarrollarán programas para la mejora en la gestión de los datos y su explotación tanto para la clínica como para la implementación de políticas sanitarias eficientes o investigación clínica y social. Se trabajará para cumplir con los principios “FAIR” (Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables) de buena gestión y administración de datos científicos (incluyendo la comprensibilidad y actualización de los datos).

Potenciaremos la accesibilidad y mejora de bases de datos de medicamentos prescritos y dispensados con el objetivo de fomentar la investigación farmacoepidemiológica, así como facilitar el estudio del impacto de los determinantes sociales de la salud en los patrones de utilización del medicamento.

Se fomentarán las aplicaciones de software libre en el desarrollo de las herramientas informáticas necesarias.

Desarrollaremos una Ley de gestión de listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas externas que garantice la transparencia en la gestión de las mismas, la fiabilidad de los datos y la equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

Elaboraremos un sistema de análisis de la demanda asistencial tanto para la listas de espera quirúrgica como de consultas externas y pruebas diagnósticas para cuantificar y aprovechar los recursos necesarios en cada centro reduciendo las derivaciones al mínimo. Se garantizarán tiempos máximos de demora tanto para las pruebas diagnósticas como para las consultas externas así como para cada proceso quirúrgico según prioridad clínica.

Revisaremos los mecanismos actuales para el ejercicio de la libertad de elección en condiciones de equidad, calidad y acceso a la información. Se considerará como centro elegido según la Ley de Libertad de Elección, el centro de referencia donde se produce la inclusión en la lista de espera correspondiente considerándose las derivaciones de forma excepcional como un uso de recursos ajenos.

Desarrollaremos modelos de priorización en lista de espera que contemplen una prelación según patología, gravedad, calidad de vida y condiciones sociales.

Garantizaremos el derecho de los usuarios y pacientes a recibir información precisa y personalizada sobre el funcionamiento general de la lista de espera y sobre los procesos particulares de cada usuario, así como de los centros sanitarios, servicios y profesionales de la red sanitaria única de utilización pública. Se regulará la autoderivación de pruebas diagnósticas y tratamientos/cirugías entre hospitales/centros públicos del SERMAS, según criterios de proximidad y eficiencia para aprovechar al máximo los recursos públicos y facilitar la reducción de las listas de espera.

Se implantarán mecanismos de control de la transparencia de contratación Pública con la máxima transparencia y concurrencia. Se velará por el cumplimiento estricto de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se perseguirán y sancionarán las prácticas contrarias al interés público en materia de contratación pública tal y como establece la ley.

Se dará prioridad en los pliegos de condiciones a las cláusulas sociales y técnicas sobre las cláusulas económicas para asegurar que la contratación pública mantiene los estándares de calidad y las condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas contratadas.

Se elaborará un Plan de Recursos Humanos teniendo en cuenta el retorno de la jornada a las 35 horas semanales (y teniendo presente la intención de transitar hacia las 32 horas semanales como horizonte deseable), que reorganice las plantillas, evalúe las áreas donde existen déficits de profesionales y reordene los puestos de libre designación.

Agilización y transparencia en provisión de plazas en atención hospitalaria, con especial atención a las situaciones de interinidad de larga evolución y encaminadas a reducir al máximo la temporalidad.

Se facilitará la movilidad interna y los traslados, en cumplimiento de la normativa al respecto.

Se trabajará, conjuntamente con las instituciones competentes de reforma de la función pública, el reconocimiento de las categorías profesionales pertinentes para todos los grupos profesionales cuya categoría actual quedó obsoleta y no ha sido actualizada. Se actualizarán las funciones de las diferentes categorías profesionales, adecuándolas a la realidad del desempeño profesional actual.

Se procederá a la creación de bolsas de empleo por especialidades, tal como figura en acuerdo de mesa sectorial de 5 de febrero de 2016

Se promoverá la gestión por competencias: un modelo integrado de gestión de recursos humanos que se basa en la idea de cuanto mejor esté integrado un equipo y más se aprovechen las cualidades de cada integrante, más fuerte y eficaz será la organización.

Se acordará un Plan para cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura (zonas rurales, horarios con penosidad o departamentos periféricos), mediante diferentes medidas que incluirían incentivos retributivos y no retributivos (como puntuaciones en bolsa por tiempo trabajado, etc…)

Se adoptarán de inmediato las medidas necesarias para el correcto cumplimiento del protocolo de prevención y actuación frente a la violencia en el trabajo contra los trabajadores de las instituciones sanitarias del SERMAS, reflejadas en la resolución 92/2019, de 1 de marzo, publicada en el BOCM de 15 de Marzo de 2019

Se elaborará un Plan de Estabilidad Laboral de los profesionales que permita reducir la eventualidad a menos del 10% de la plantilla en 2 años a través de convocatorias periódicas de ofertas públicas de empleo.

Se revisará el funcionamiento de las bolsas de contratación y se realizarán las modificaciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la calidad asistencial y los méritos profesionales

Se regularán un mínimo de horas anuales dedicadas a la formación en horario laboral para todo el personal, velando por la independencia y la ausencia de conflictos de interés en la actualización de los conocimientos y la formación de los profesionales sanitarios.

Se creará una Escuela de Formación y Conocimiento Independiente que coordinará y difundirá las actividades formativas verticales, así como el desarrollo de actividades de formación horizontales de acceso abierto a los profesionales de la salud. Esta Escuela de Formación y Conocimiento Independiente trabajará de forma coordinada con la Escuela Madrileña de Salud.

Se crearán Bolsas de Formación de implantación progresiva para financiar la formación de los profesionales sanitarios con fondos públicos.

Se elaborará una RED de Conocimiento propia dentro de la red pública que asegure el desarrollo del conocimiento y donde los profesionales podrán aumentar su conocimiento, actualizando, compartiendo y debatiendo, aprendiendo entre iguales.

Se elaborarán programas de formación y tutelaje a los diferentes profesionales que inicien su experiencia laboral tras su periodo formativo en cualquier ámbito de la asistencia sanitaria en cuya área no posean experiencia.

Desarrollo y monitorización del cumplimiento del RD 183/2008 para la regulación de la formación de especialistas internos residentes.

Se regulará la relación de las Universidades Privadas con los Centros públicos en los que desarrollan sus actividades, se revisarán los convenios de colaboración suscritos, y el cumplimiento de los mismos en todos sus términos, tanto en lo referente a condiciones económicas como al régimen de incompatibilidades del personal docente en relación con los horarios en los que se imparte la docencia, y su influencia sobre la actividad asistencial

Se revisará el acuerdo de 2007 sobre carrera profesional vigente, haciendo este derecho extensivo a la mayor brevedad posible a la totalidad de profesionales independientemente de su tipo de relación contractual con la Consejería de Sanidad.

Se implantará un sistema cruzado de progresión profesional: horizontal por la trayectoria personal y actuación profesional (evaluación, calidad, consecución de objetivos, logros concretos…) y vertical con una serie de exigencias de tramos evaluados para ocupar puestos en el ascenso en la estructura

Se creará un Observatorio de Igualdad en el seno de la Consejería de Sanidad. Se elaborará un Plan de Igualdad en sanidad que recoja los principios de la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito del sistema sanitario madrileño.

Se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional, en los órganos de toma de decisiones y en los órganos de selección y valoración, dando cumplimiento a la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se desarrollarán medidas concretas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito sanitario, sin menoscabo de la promoción profesional

Se adoptarán las medidas necesarias encaminadas a garantizar el derecho de las madres trabajadoras a mantener la lactancia natural de sus hijos durante el primer año de vida de estos; esto incluye la creación de salas para lactancia, extracción y conservación de leche en los centros sanitarios.

Se revisarán, de forma garantista, los protocolos de adaptación de puesto de trabajo en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia , así como para trabajadores especialmente sensibles (TES), para la mayor protección de su salud, priorizando su acceso a mecanismos remotos de trabajo si fuera posible.

Se profundizará y extenderá el control y seguimiento de las declaraciones de intereses de los profesionales y se regularán las incompatibilidades de los cargos nombrados por la Consejería de Sanidad responsables de la toma de decisiones y el interés general, salvaguardando así los criterios de primacía del interés público sobre intereses de índole personal. Se creará un Registro y Oficina de conflictos de intereses que dependerá de la recién creada Unidad de Transparencia de la Consejería.

Se elaborarán carpetas de profesionales, en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, donde queden recogidos sus méritos a lo largo de su carrera profesional que faciliten los trámites burocráticos a la hora de presentar dichos méritos para ofertas públicas de empleo, convocatorias o concursos. Se elaborarán carpetas de méritos y capacitación laboral por unidades o servicios que den cuenta del valor añadido de cada uno de ellos.

Se evaluará anualmente el desempeño de los puestos con responsabilidad en dirección de equipos (jefatura servicio, supervisoras, etc) y se revisará su continuidad en el puesto cada 4 años, siempre ajustados a la legislación vigente.

Se promulgará la ley de exención del requisito de la nacionalidad española para el desempeño de especialidades sanitarias en la Comunidad de Madrid, en aquellos profesionales que hayan cursado su formación en España vía MIR, EIR, FIR, PIR, etc…

Se desarrollarán programas de formación destinada al autocuidado y al papel activo de los pacientes en la generación de su propia salud. Se crearán programas de formación, atención y cuidado de los cuidadores.

Se facilitará la creación de Comités de pacientes en cada centro hospitalario y su área de atención primaria con el objetivo de abordar las preocupaciones de los pacientes que serán representados de forma individual o mediante asociaciones. Podrán crearse grupos de trabajo para desarrollar las iniciativas que sean pertinentes y ser elevadas al comité de dirección del centro hospitalario correspondiente.

Se impulsará la tarjeta de atención preferente que procurará, en la medida en que la asistencia sanitaria lo permita en cada momento y situación, minimizar los tiempos de espera en la atención sanitaria en centros de salud, de especialidades, centros hospitalarios y servicios de urgencias. Dicha tarjeta garantizará, en todo momento, el derecho de acompañamiento de estas personas por parte del cuidador o acompañante. Este derecho tan sólo podrá limitarse cuando su ejercicio perjudique u obstaculice de forma grave y evidente su tratamiento. El ámbito de aplicación de la Tarjeta de Atención Preferente será: Personas con una discapacidad mayor o igual del 33%, pacientes con Trastornos del espectro autista, pacientes con Alzheimer y otras demencias graves y pacientes que padezcan una enfermedad que suponga una pérdida total o muy grave de autonomía física o intelectual.

Fomentaremos la investigación multidisciplinar en el ámbito sanitario, incorporando enfoques desde las ciencias sociales y humanidades, al estudio de las desigualdades en salud y las políticas sanitarias

Se desarrollarán reglamentariamente los Consejos Territoriales de Salud de la Ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para que la participación ciudadana y profesional sea efectiva.

Se destinará una parte de los presupuestos de los servicios de salud a la elección mediante metodologías de presupuestos participativos por parte de la ciudadanía. Se valorará la extensión de esta iniciativa a escalas más pequeñas (Hospital, Centro de Salud,…)

Impulsaremos un laboratorio ciudadano (similar al MediaLab Prado, pero con aplicaciones en salud) que funcione como lugar de encuentro para producción de proyectos abiertos donde cualquier persona pueda hacer propuestas de mejora relacionadas con nuestro sistema sanitario o sumarse a otras o llevarlas a cabo de manera colaborativa en torno a grupos de trabajo con convocatorias abiertas, investigación colaborativa y comunidades de aprendizaje en torno a temas diversos.

Se pondrá en marcha de manera urgente un plan de estabilización del empleo del personal investigador de las Fundaciones de Investigación con ampliación de las plantillas. Se desarrollará un plan de incorporación estable y desarrollo profesional de los investigadores y personal de investigación en los hospitales del SERMAS, creado las categorías estatutarias necesarias, de acuerdo a la Ley de Investigación Biomédica.

Se elaborará y pondrá en marcha un plan de atracción del talento investigador a los Hospitales del SERMAS, cofinanciando los programas de incorporación de investigadores y asegurando la financiación de la estabilización al final del periodo de incorporación

Plan de igualdad en el ámbito investigador, con medidas que favorezcan la conciliación en la carrera investigadora, y la modificación de criterios de evaluación para incorporar interrupciones en la carrera.

Se tomarán cuantas medidas sean necesarias para dar transparencia y regular las Fundaciones de Investigación dando cumplimiento a las recomendaciones de las Intervención General en sus competencias fiscalizadoras.

Se fomentará el trabajo en red de las Fundaciones de Investigación a través de herramientas de cooperación e integración que permitan una misión y visión conjuntas de la investigación en la región.

Se facilitará la dedicación a la investigación de profesionales asistenciales en los centros de la red

Se impulsará, financiará y coordinará la investigación en las Enfermedades Raras y enfermedades neurodegenerativas, haciéndose también una evaluación exhaustiva de sus necesidades sociosanitarias tanto de los afectados como de sus familias.

Impulsaremos el potencial de las Oficinas de Farmacia Comunitaria como catalizadoras de salud de la comunidad, a través de la integración y coordinación con los diferentes activos de salud de los entornos sanitario, social y comunitario. Para ello, incorporaremos a las Oficinas de Farmacia Comunitaria en las distintas estrategias de salud pública y comunitaria, así como en las estrategias de reducción de las inequidades en salud, facilitando la identificación y notificación de barreras en el acceso a la salud (pobreza farmacéutica, situaciones de vulnerabilidad o exclusión social).

Abordaremos sistemas de incentivos de forma gradual, orientados a la atención al paciente y alineados con los intereses en salud de la comunidad, garantizando la sostenibilidad de la red de Oficinas de Farmacia Comunitaria, especialmente en el ámbito rural.

Extenderemos el sistema de teletraducción simultánea a la red de Oficinas de Farmacia Comunitaria para garantizar el acceso óptimo al medicamento a toda la población independientemente de su idioma, en particular a las personas migradas en riesgo de exclusión social, trabajando así hacia la consecución plena del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Desarrollo de la prescripción enfermera como parte fundamental de la sostenibilidad y calidad del sistema de cuidados.

Compras centralizadas de productos farmacéuticos y tecnologías sanitarias. Se promoverán e instrumentalizarán los procedimientos contractuales de compras centralizadas de medicamentos que permitan reducciones sustanciales de los precios de los mismos, asegurando el abastecimiento del mercado farmacéutico.

Se introducirán fórmulas que permitan la coexistencia de diferentes modelos de innovación biomédica, buscando garantizar el acceso seguro y asequible a las nuevas tecnologías sanitarias y mejorar la eficiencia del sistema.

Creación de una Comisión de Farmacia de la Comunidad de Madrid con funciones en la coordinación de las compras centralizadas de medicamentos en función de las necesidades detectadas en las distintas áreas de salud con el objetivo de aprovechar las economías de escala y reducir el gasto farmacéutico hospitalario. Impulso a la utilización de medicamentos genéricos. La Comisión de Farmacia tendrá funciones en la coordinación entre los Servicios de Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria para la implementación de dispensación de medicamentos hospitalarios en Oficinas de Farmacia Comunitaria en situaciones que puedan mejorar la adherencia al tratamiento.

Coordinación entre las comisiones de farmacia de los hospitales. Las comisiones de farmacia de los hospitales deberán intensificar la coordinación y colaboración en la evaluación comparada de los medicamentos con el fin de conocer su lugar en la terapéutica y apoyar el uso de los más coste-efectivos.

Se elaborará un Plan Autonómico de Terapias Avanzadas en consonancia con el Ministerio de Sanidad, compartiendo el objetivo de organizar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CAR, y en la actualidad de los CAR-T, así como impulsar la investigación pública y la fabricación propia y pública de estas terapias en el ámbito académico del SNS, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Se creará una entidad farmacéutica de titularidad pública investigue, desarrolle, fabrique y comercialice medicamentos y que ayude a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible, orientado a responder a las necesidades de salud pública nacionales y globales bajo principios de interés y participación pública, ciencia abierta y transparencia. Esta empresa comenzará coordinando los esfuerzos de investigación preclínica y clínica de las diferentes instituciones públicas, así como desarrollando la capacidad industrial para garantizar la producción de los medicamentos desarrollados bajo titularidad pública. Esta medida estará incluida dentro de un marco de política farmacéutica integral que cubra toda la cadena del medicamento, desde la investigación y desarrollo a la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de asegurar el acceso a medicamentos asequibles y de calidad, promoviendo su uso responsable y cooperando a todos los niveles y actores para evaluar y reducir las barreras de acceso a medicamentos en la Comunidad de Madrid.

Seguimiento presupuestario eficaz del gasto farmacéutico a través de mecanismos de control adecuados. Seguimiento de los precios de los medicamentos de prescripción y OTC y del gasto público sanitario en OF y en fármacos hospitalarios. Mayor énfasis en el desarrollo de mecanismos de seguimiento de la prescripción hospitalaria, que se asemejen a los buenos sistemas de seguimiento de la prescripción en Atención Primaria ya existentes.

Plan para asegurar, en consonancia con las iniciativas ministeriales de acceso a tratamientos innovadores, el acceso de los pacientes a los tratamientos innovadores de demostrada eficacia.

Se dará publicidad activa de los precios de las compras de medicamentos y productos sanitarios por hospital y zona sanitaria.

Se fomentará la transparencia con la publicación de las decisiones relacionadas con los contratos públicos de adquisición de medicamentos, así como del resto de informaciones relacionadas con la tramitación del procedimiento de contratación en sus diferentes fases (preparación, adjudicación y ejecución).

Se impulsará en el seno del Consejo Interterritorial de Salud el análisis de la conformación del precio de los medicamentos, atendiendo a sus costes de investigación, desarrollo y producción. Se valorará especialmente la participación de recursos públicos en la fase de investigación con el fin de poner en valor dichas aportaciones en el precio final de los productos.

Se regulará la presencia de la industria farmacéutica, de productos sanitarios y de empresas proveedoras de insumos y servicios en los centros públicos dependientes del sistema nacional de salud. Se brindará información veraz e independiente a cargo del propio sistema nacional de salud, en el que se potenciará la independencia de las agencias evaluadoras.

En colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la Comunidad de Madrid mantendrá actualizado un registro público de todos los ensayos clínicos que estén realizándose en la CdM, tanto en instituciones públicas como privadas, en el que consten los datos completos de los mismos tales como entidades promotoras y participantes, financiación, grupos de investigación, número de pacientes, control y seguimiento de los resultados en las distintas fases de la investigación, y garantizando en todo caso los derechos de los pacientes que participan en la realización de los ensayos clínicos.

En los ensayos clínicos que se realicen en instituciones públicas, se asegurará el establecimiento de condicionalidades que aseguren el retorno social del uso y participación de los recursos públicos.

Regulación legislativa sobre el uso del Cannabis Medicinal, además de investigación integral con cannabis y sus derivados como medicamentos, trazabilidad y estandarización de los productos derivados con fines medicinales.

Se realizará un estudio técnico del estado de las infraestructuras sanitarias del SERMAS y de las necesidades de su reforma y/o actualización. En función de este estudio se elaborará el preceptivo Informe de Planificación Estratégica sobre las inversiones necesarias a largo plazo con la participación de todos los actores implicados.

Se creará un Servicio central de Arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento para dar servicio a todo el SERMAS en coordinación con los diferentes servicios de los propios hospitales.

Se realizará un análisis de los centros e inmuebles propiedad del SERMAS y tesorería general de la seguridad social que tengan un uso residual o incluso estén abandonados (instituto de cardiología, antiguo CEP Fuencarral,..) para conocer sus posibilidades de uso.

Se analizará el inventario de los equipos tecnológicos existentes en los centros sanitarios y su estado en relación con su vida útil restante a fin de elaborar un plan de inversiones a largo plazo. Se revisarán las modalidades de contratación de los mismos.

Se elaborará un Plan para paliar la obsolescencia tecnológica con medidas y financiación a largo plazo.

Se elaborará y desarrollará una Ley de Salud Pública que dote a las políticas y acciones en este ámbito de un marco normativo centrado en los determinantes sociales de salud y que introduzca en la legislación autonómica la necesidad de realizar Evaluaciones de Impacto en Salud previamente a la implantación de diferentes políticas, de modo que se garantice la salvaguarda de la salud de la población y el principio de salud en todas las políticas.

Creación de un impuesto específico a las bebidas azucaradas que grave el contenido en azúcar y el volumen de las mismas, y reinversión de la recaudación obtenida por esta vía en programas de salud pública dedicados a combatir la obesidad. Se estudiará el marco legislativo posible para extender dicho impuesto a determinados alimentos ultraprocesados especialmente poco saludables.

En colaboración con las entidades locales que están trabajando en iniciativas similares, se creará una Red de Activos en Salud de la Comunidad de Madrid destinada a favorecer las iniciativas de mapeo de activos en los diferentes lugares de la comunidad, así como su integración y difusión en el ámbito sociosanitario para favorecer su uso y prescripción a la población a la que pueda ser de utilidad.

Creación de la Agencia de Salud Pública de la Comunidad de Madrid para integrar las iniciativas (institucionales y no institucionales) encaminadas a mejorar la salud de la población de la comunidad desde una perspectiva de salud pública, centradas en la acción sobre los determinantes sociales de salud y con una visión de reducir las desigualdades sociales en salud. Esta Agencia tendrá un papel especialmente relevante en materia de investigación de intervenciones de salud pública y su efecto sobre la salud de la población, así como los principales problemas de salud humana y animal.

Desarrollo, en consonancia con las iniciativas en marcha en el seno de otros organismos sanitarios, de indicadores relacionados con la equidad en salud y sus determinantes sociales, para incluirlos en la gestión del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid y en la priorización de políticas públicas en dicho ámbito. Se incluirá la capacidad de la vigilancia epidemiológica en las grandes ciudades para informar sobre la situación de indicadores relacionados con el cambio climático y estudiar cómo actuar para que revierta en una mejora de la salud de la población.

Se intensificarán las medidas de inspección y control de la promoción y venta de bebidas alcohólicas para luchar contra el incumplimiento reiterado de la normativa.

Se creará una Comisión Regional de Evaluación de los programas de detección precoz y prevención del cáncer (mama, colon, recto y cérvix) para vigilar su impacto en la salud de la población, evaluar la calidad y aplicar estos resultados en su optimización.

Se planteará la implementación de un cribado de prevención de cáncer de cérvix con base poblacional, no oportunista, con el objetivo de mejorar su efectividad y disminuir las desigualdades generadas en su aplicación.

Elaboración de un estudio sobre la prevalencia y agrupación geográfica de la no-vacunación, sus causas y la posibilidad de actuar sobre ellas, especialmente cuando sean debidas a problemas derivados de barreras en el acceso al sistema sanitario.

Se fomentará la expansión de Escuelas de formación de promotoras de salud comunitaria, facilitando procesos de participación comunitaria para formar a promotoras de salud con capacidad de incidencia en los movimientos vecinales, sociales y los colectivos racializados y migrantes de la Comunidad de Madrid

Se trabajará en coordinación con las áreas de medioambiente, urbanismo e igualdad para fomentar el desarrollo de un urbanismo sostenible que proteja la salud pública mediante la reducción de la contaminación, el incremento de la movilidad sostenible y de espacios verdes que prioricen habitabilidad sobre el uso comercial y de transporte rodado del espacio público. Apuesta por un urbanismo sostenible y feminista, que permita la actividad social más allá del modelo productivo, con el objetivo de asegurar una salud física y mental dentro de un entorno medioambientalmente sostenible y que incorpore la diversidad de experiencias de los ciudadanos como eje principal para el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Con carácter urgente, para aliviar las actuales listas de espera en Atención Temprana, incompatibles con la naturaleza del servicio, se dotará de más recursos humanos para valoración a CRECOVI y se ampliará la red de intervención tanto en centros base como en centros de atención temprana (mediante ampliación de plazas hasta el máximo de capacidad o el límite licitado en el acuerdo marco).

Se aprobará una Ley de Atención al Desarrollo que reconozca y garantice el derecho subjetivo a una atención realmente temprana, universal, pública y de calidad conforme a los principios establecidos por las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la normativa que los desarrolla, el Libro Blanco de la atención temprana y los estándares acordados por la comunidad científica y profesional. El desarrollo y ejecución de la Ley respetará necesariamente el carácter integral, inter y multidisciplinar de la atención al desarrollo, pero prevalecerá la adscripción de las unidades de gestión pública que los presten a Sanidad, en colaboración con los servicios educativos y de servicios sociales, para garantizar de la manera más efectiva los derechos de los usuarios y profesionales.

Por tanto, es preciso asegurar la actividad del Sistema Sanitario Público para la atención a pacientes pediátricos en los servicios ordinarios y de urgencias en atención primaria y hospitalaria con especial atención a los pacientes pediátricos más vulnerables como los oncológicos o con discapacidad, etc., actualizando la agenda para consultas, pruebas, revisiones, diagnósticos, etc.

Reforzar la atención de salud mental y el apoyo integral a los pacientes pediátricos con problemas psicológicos o psiquiátricos, especialmente aquellos cuyas familias puedan estar en situación de riesgo o adversidad social y a niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o desamparo.

Impulso y generalización de la figura de la enfermera escolar como agente coordinado con la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública, con competencias en la prevención, promoción y atención de la salud de la comunidad escolar, alumnado y personal.

Incorporación de la rehabilitación cognitiva y conductual en la cartera de servicios del SERMAS.

Se crearán Unidades pediátricas hospitalarias de atención a la diversidad neurológica que atiendan la neurorrehabilitación infantil de todos aquellos niños y niñas que lo necesiten, ya sea PCI, DCA, EERR u otra patología neurológica afín o no diagnosticada.

Se implementará un modelo de atención integral para los menores con síndrome de vigilia sin respuesta y mínima conciencia para conseguir unos niveles básicos de atención de segundo y tercer nivel que les aseguren una calidad de vida ajustada a su realidad.

Identificación de la población de familiares cuidadores (generalmente madres), actualmente no visibles, para dar reconocimiento administrativo, económico y social. Este reconocimiento no excluirá a las cuidadoras que compatibilizan una actividad laboral con el cuidado.

Se desarrollará un Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, y se incorporarán los perfiles de competencias en cuidados paliativos a los procesos de selección de profesionales para equipos de paliativos.

Se creará una red de alojamientos para familiares de niños/as hospitalizados que tengan su residencia fuera de la Comunidad de Madrid.

Se crearán consultas de transición en todos los servicios de pediatría de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para garantizar una adecuada relación terapéutica con las distintas especialidades de adultos, con especial atención a la transición de las patologías crónicas complejas, neurológicas, cáncer y los trastornos graves en salud mental.

Se ampliarán los recursos destinados a los trastornos de la conducta alimentaria para garantizar un acceso más ágil a estas prestaciones tanto ambulatorias como de hospitalización.

Impulsaremos la redacción y aprobación de una nueva Ley del Deporte de la Comunidad, que plasme las nuevas necesidades y realidades de la actividad física y la práctica deportiva, mejorando la vigente de 1994

Implementaremos las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley 6/2016, que ordena el ejercicio de las profesiones del deporte, de forma que la práctica deportiva de la ciudadanía sea segura.

Revisaremos los programas deportivos de la Comunidad de Madrid para actualizarlos y estudiar la creación de otros nuevos, de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Garantizaremos el adecuado desarrollo del deporte federado con medidas como: la compensación a las federaciones por las funciones delegadas que desarrollan; a la vez que se fiscaliza la gestión interna de las federaciones, conforme a criterios de igualdad, inclusión, transparencia y buenas prácticas. Se revisarán los criterios de subvención con un grupo de trabajo conjunto con las federaciones, corrigiendo los defectos actuales y ampliando los criterios sociales, de diversidad y de género.

Apoyaremos a las selecciones madrileñas de los distintos deportes, especialmente a las de menores, mediante incentivos económicos y el aprovechamiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de la Comunidad.

Pondremos en marcha campañas de promoción del deporte en familia, fomentando una mejora en las relaciones intergeneracionales y la adquisición de una cultura deportiva que garantice la continuidad de su práctica futura entre las generaciones más jóvenes.

Pondremos en marcha planes específicos de deportes en áreas urbanas especialmente afectadas por problemas de pobreza y exclusión social, para emplear la práctica deportiva como elemento de integración, desarrollo personal y social, prevención de la violencia y la xenofobia, la adquisición de valores positivos y disfrute de hábitos saludables.

Reforzaremos todos los programas deportivos dirigidos a las personas con discapacidad o capacidades diversas, a fin de garantizar la equidad social ante el derecho a la práctica deportiva, la participación en el deporte reglado y la adquisición de salud y bienestar. Todo ello se hará a través de: la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora en la dotación de equipamientos y materiales para la práctica deportiva especializada, la especialización de profesionales del deporte y el incremento en la financiación pública a clubes y federaciones.

Estableceremos un protocolo para la prevención y tratamiento del acoso moral, sexual y discriminatorio y de la violencia en el ámbito del deporte, con especial atención a los abusos sexuales contra menores en el deporte.

Incluiremos la perspectiva feminista en los servicios deportivos autonómicos, asegurando los mismos derechos para el deporte de mujeres en aspectos como la cesión de espacios y horario, impulsando los planes de igualdad en las federaciones y clubes deportivos, fomentando la inclusión de mujeres en puestos de dirección e implementando, si fuese necesario, medidas de acción positiva como las que ya se vienen aplicando en el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de subvenciones o la reducción del 50% en el precio de la inscripción de equipos femeninos en las competiciones municipales.

Garantizaremos la presencia igualitaria del deporte de las mujeres en los medios de comunicación públicos: el 50% del tiempo dedicado a retransmisiones deportivas de mujeres.

Impulsaremos el cumplimiento de los requisitos de igualdad de género en materia de comunicación, lenguaje no sexista, premios e imagen de la mujer en todos los eventos deportivos en la Comunidad de Madrid.

Apoyaremos la formación de técnicos deportivos en todas las modalidades deportivas, especialmente entre los deportes de práctica minoritaria, procurando que la formación incluya aspectos relacionados con los valores más positivos del deporte: mediación, inclusión, no violencia, no discriminación.

Avanzaremos en el apoyo a las modalidades deportivas de práctica minoritaria con el objetivo de equilibrar y diversificar la oferta deportiva. Construiremos equipamientos de estos deportes o adaptaremos los ya existentes. Se impulsarán acciones positivas en la concesión de subvenciones a las entidades con deportes de práctica minoritaria.

Crearemos la Comisión Madrileña contra la violencia, el racismo, el machismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de deporte, a través del cual se articularán las políticas autonómicas en este ámbito. Dicha Comisión realizará campañas de prevención, desarrollo de protocolos de actuación ente acoso o abuso sexual.

Impulsaremos el desarrollo de planes y programas de fomento del deporte en los ámbitos laborales de las empresas, junto a los ayuntamientos y federaciones deportivas, como elemento de prevención de lesiones y enfermedades.

Apertura de los patios de centros públicos educativos para su uso por parte de clubes deportivos y asociaciones. En territorios con déficit de instalaciones deportivas es una solución transitoria su puesta a disposición en adecuadas condiciones de vigilancia, limpieza, dinamización…

Madrid contra las violencias machistas. Reformar y ampliar la Ley de Violencia de Género 5/2005 de la Comunidad de Madrid para adaptarla a los requerimientos del Pacto de Estado, los convenios internacionales, así como para ampliar el concepto de violencia contra las mujeres incluyendo el feminicidio, ampliar la protección de los menores, las garantías de reparación para las víctimas y las garantías de aplicación de la ley. Generar soluciones habitacionales y protocolos para facilitar el acceso y ampliar la Red de Atención de Violencia. Para todo ello se ampliará un 50% el presupuesto destinado.

Plan de formación permanente para el profesorado, incluyendo contenidos de igualdad y prevención de violencia machista, así como información y talleres con alumnado y familias sobre los diferentes tipos de violencia de género.

Plan para la formación integral de todo el personal de la judicatura de los juzgados de violencia sobre las mujeres de Madrid, junto a la puesta en marcha de las Unidades Integrales de Valoración Forense y la mejora y fortalecimiento de las oficinas de atención a la víctima.

Aseguraremos la disponibilidad de los recursos de atención a víctimas de violencia de género, así como su accesibilidad, calidad y adaptabilidad, desde una metodología con enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas. Para todo ello, ampliaremos el presupuesto en un 75% y aumentaremos el número de plazas disponibles en los recursos, hasta asegurar la desaparición de las listas de espera para el acceso a la Red de Atención a Víctimas de Violencia.

Implementaremos acciones dirigidas a hombres para la promoción de la igualdad y prevención de las violencias machistas. Entre ellas, pondremos en funcionamiento un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, canalizando a servicios que trabajen nuevas masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario. La financiación de estas acciones no podrá mermar la financiación de los programas contra las violencias machistas destinados a mujeres.

Llevaremos a cabo acciones de reconocimiento social y memoria para víctimas de violencia de género.

Crearemos una red de 16 centros de crisis para víctimas de violencia sexual 24h/365 días, dando cumplimiento a los estándares europeos, que indican que es necesario un centro integral por cada 200.000 mujeres.

Desarrollemos una política pública que amplíe las acciones de prevención, detección y respuesta integral, incluyendo la ampliación de plazas de acogida a mujeres en situación de emergencia. Aseguraremos el acceso a los centros de acogida de víctimas de trata a las mujeres con sus hijas/os menores.

Creación del Observatorio de la imagen de la mujer. Crearemos un servicio autonómico vinculado a la DG de Mujer, para revertir la imagen insana y engañosa de las mujeres y para impulsar modelos de belleza que no fomenten la anorexia y la bulimia. Crearemos una mesa de trabajo permanente, comprometiendo a los medios de comunicación para asegurar el adecuado enfoque en el tratamiento informativo sobre violencia de género, así como un marco de acuerdo para tratar la violencia simbólica y la imposición de cánones estéticos a las mujeres.

Ley de Igualdad CM. Una comunidad como Madrid, con los altos índices de desigualdad que tiene, no se puede permitir no tener una Ley de Igualdad que incorpore la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno. Es imprescindible trabajar de manera transversal todo lo relacionado con la igualdad de género, ya que incide en todas las temáticas y en todas las políticas. La nueva Ley de Igualdad de la CM será un marco legislativo de primer orden para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en toda la región, y trabajaremos en base a diferentes ejes temáticos, incidiendo en: la inclusión obligatoria de planes de igualdad en todas las empresas de la CM, reducir la brecha salarial y ajustarla a la media europea, mejorando las condiciones laborales de los sectores más feminizados (empleos de cuidados, salud, sector turístico), ampliando la red de recursos de atención a la mujer, con la contratación de un 20% más de personal especializado en los puntos de igualdad y violencia, y con la creación de una nueva figura de técnica de igualdad para las oficinas de empleo, que garantice asesoría en materia de empleo especializada en las problemáticas que sufren las mujeres, para garantizar su plena inclusión en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones.

Garantizaremos la coordinación de Igualdad o personal técnico especialista en igualdad en todos los centros educativos para impartir contenido sobre educación afectivo sexual en los colegios, realizando un convenio con entidades expertas y sindicatos para la aportación de recursos humanos docentes.

Aborto legal para no morir. Garantizaremos el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando las listas de espera y el acceso a los centros de planificación familiar y el derecho de las menores a interrumpir el embarazo sin el consentimiento de dos tutores o progenitores.

Derecho al tiempo. Realizaremos un estudio sobre usos del tiempo en la Comunidad, elaborado por una entidad externa, con cuyos resultados se elabore un diagnóstico, y una propuesta de políticas públicas para corregir la desigualdad de género en usos del tiempo.

Permiso retribuido por aborto. Instaremos al gobierno central para implementar un permiso retribuido de tres días pagado al 100%, para mujeres que sufran un aborto en el proceso de su embarazo.

Lucha contra la pobreza menstrual. Impulsaremos una legislación en la Comunidad de Madrid para erradicar la pobreza menstrual de las madrileñas que se encuentran en contextos socioeconómicos vulnerables. Proponemos que los productos de higiene menstrual estén disponibles y sean gratuitos en edificios públicos, con el objetivo de que todas las mujeres en situación de pobreza tengan acceso a productos de higiene menstrual. El estigma en torno a la menstruación radica en el analfabetismo menstrual, que es un problema estructural de género y que hace referencia a una pobreza educativa, cultural y social que tanto mujeres como hombres padecemos debido a la falta de educación. Este problema aborda desde la vergüenza que sienten las niñas cuando se encuentran menstruando, hasta la imposibilidad de realizar determinadas tareas por el estigma que supone la menstruación. Con el objetivo de combatir el estigma menstrual, enseñar a tratar la menstruación de una forma integral (física y emocional) y de prevenir impactos en la salud de las mujeres, derivados de un uso inadecuado de los productos de higiene menstrual, impulsaremos formaciones en la materia para todos los alumnos y las alumnas que se encuentren cursando la educación obligatoria.

Derechos reproductivos. Mejoraremos la implantación de la Estrategia de Atención al Parto Normal, en el Sistema Nacional de Salud, generalizando la adhesión a los protocolos de actuaciones gestacionales y perinatales, protocolo de acceso libre a los padres en partos y nacimientos, protocolos de cesáreas acompañadas y protocolos piel con piel. Promoveremos una atención al puerperio adecuada en los centros de salud, con un plan integral de atención al postparto y apoyo a la lactancia materna con atención de matronas especializadas. Incluiremos en el sistema sanitario de salud pública de la comunidad de Madrid la atención psicológica especializada para mujeres gratuita.

Derechos para todas. Plan de rescate para trabajadoras en los márgenes del empleo. Garantizar que ninguna mujer que se haya quedado sin recursos en el ámbito del trabajo sexual, y otros trabajos no regularizados, se quede sola. Garantizar una línea de ayudas económicas directas, atención psicológica y asesoramiento legal gratuitos y alternativa habitacional para todas las mujeres que se han quedado sin trabajo, sin vivienda y sin recursos en el ámbito del trabajo sexual y otros trabajos no regularizados.

Renta de cuidados. Para padres y madres que tengan que reducirse la jornada laboral por cuidado de menores o personas dependientes a cargo siempre que se produzcan situaciones extraordinarias como la crisis climática que fuerza el cierre de los colegios o la continuación de la crisis sanitaria. Es necesario que el Gobierno ponga medidas paralelas al cierre de los colegios para garantizar que los cuidados no son un "sálvese quien pueda". La renta cubrirá hasta el 50% del salario permitiendo una reducción de la jornada laboral del 50%, en caso de familias con dos progenitores y un 100% en caso de familias monoparentales. La reducción de jornada para acceder a la renta será siempre dividida entre los dos progenitores si los hubiera.

Fortalecer y mejorar los servicios públicos relacionados con los cuidados. Mejorar el acceso a los servicios públicos, las instalaciones y las condiciones laborales de los y las trabajadoras de dichos servicios, poniendo en el centro y dando valor al derecho a ser cuidado y a cuidar en condiciones dignas. Para ello, proponemos ayudas directas para las trabajadoras de hogar en situación de desempleo, garantizar que las trabajadoras de hogar y personal profesional de cuidados obtengan el certificado socio sanitario.

Aumento presupuestario progresivo de la partida de dependencia hasta acabar con la lista de espera, exigiendo al Estado el aporte del 50% de la misma, y agilización de los trámites para recibirla.

Crearemos una red de atención a las cuidadoras y cuidadores habituales de personas dependientes, que ofrezca servicios de apoyo psicológico y orientación en recursos, favoreciendo la creación de redes formales e informales de apoyo a las cuidadoras familiares.

Impulsaremos la creación de espacios de encuentro y convivencia intergeneracional, utilizando espacios públicos infrautilizados o por rehabilitar.

Universalizaremos la accesibilidad a campamentos en periodos vacacionales, unificando criterios, aumentando las plazas disponibles y facilitando el sistema de solicitud.

Crearemos un servicio público de cuidadores y cuidadoras para la infancia al que podrán acceder de forma gratuita las familias con rentas bajas y las familias monoparentales; en otros casos, este servicio tendrá un coste proporcional a la renta del hogar.

Desarrollaremos una red de recursos de ocio para niños y niñas de ‘casas grandes’ y ‘parques de Invierno’. Transformaremos edificios públicos para ofrecerlos al juego de los niños y niñas, desde los 0 hasta las 12 años, creando una red de espacios comunitarios de acogida a todas las familias, donde puedan interaccionar y vincularse al compartir experiencias de juego y relación, sirviendo también a los adultos como espacio para compartir cuestiones relacionadas con la crianza y el cuidado de los menores a cargo.

Crearemos una red de espacios de ocio comunitario para adolescentes de 12 a 16 años y crearemos nuevas áreas de ocio en espacio abierto, en los parques, adaptadas a las necesidades de los niños y niñas a partir de esa edad (8 años).

Desarrollaremos campañas específicas que propicien el cambio cultural necesario para que la corresponsabilidad en el cuidado, entre hombres y mujeres, sea asumida socialmente.

Procuraremos cambios en los espacios físicos, que faciliten que las tareas de cuidado las realicen indistintamente mujeres u hombres, por ejemplo, haciendo que los cambiadores para bebés se ubiquen en espacios neutros, evitando vincular los cambiadores con los baños de mujeres

Implantaremos medidas para la formación del profesorado (reconociendo créditos de formación para promover su participación), facilitando herramientas digitales útiles para la implementación de la perspectiva de género en las aulas, mejorando las estructuras físicas de los centros educativos que faciliten la coeducación (‘patios inclusivos’), haciendo una revisión feminista de contenidos de los libros de texto para dar a las mujeres el espacio que merecen.

Desarrollaremos planes de formación y reciclaje profesional para mujeres, haciendo especial hincapié en la brecha digital, e implementaremos ayudas económicas directas para mujeres pertenecientes a los colectivos laborales más feminizados y precarizados que se han visto más fuertemente afectadas por la pandemia.

Desarrollaremos un plan autonómico para mejorar la racionalización horaria y la conciliación, tanto en el sector público como en el privado. y promoveremos pactos locales por el derecho al tiempo, para fomentar dichas medidas a nivel municipal.

Realizaremos asesoramiento y formación a pequeñas y medianas empresas para implantar la conciliación como eje en sus políticas, colaborando en la elaboración de planes de igualdad y en la implantación de medidas que favorezcan la conciliación (horarios flexibles, teletrabajo, horarios racionales, control de horas extraordinarias…)

Promoveremos un plan de profesionalización de la labor de cuidado, en cooperación con otras consejerías, que contemplará tanto el reconocimiento como experiencia profesional del cuidado no profesional de dependientes como su posible remuneración y estrategias de transición profesional.

Crearemos una mesa de diálogo con los agentes sociales para lograr acuerdos en las empresas para reducir la brecha salarial.

Desarrollo normativo y cumplimiento de la Ley 3/2016. Educación en diversidad afectivo-sexual y de identidad de género y plan integral contra LGTBIfobia en las calles. Se concreta en los siguientes puntos: Aprobar, con la participación de la comunidad educativa y de las entidades LGTBI+, y con la conformidad del Consejo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid, la Estrategia integral educativa que regule y desarrolle la protección integral de las personas LGTBI+ en el ámbito educativo. En esta han de constar tanto las medidas específicas de prevención e intervención en contra del acoso lgtbifóbico que puedan sufrir todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, y en todos los niveles educativos; como el desarrollo de contenidos curriculares e investigación sobre las realidades y experiencias de las personas LGTBI+ en los espacios educativos madrileños. Garantizar la protección de las personas LGTBI+ en el ámbito educativo en el medio rural con un plan especial de visibilización, prevención y protección, como consecuencia del desarrollo de la Estrategia Integral educativa. Elaborar informes e investigaciones sobre la realidad, incidencia y causas del acoso lgtbifóbico en los espacios formativos de la Comunidad de Madrid para, a partir de esos datos, diseñar políticas públicas eficaces y específicas contra el acoso, la violencia y la discriminación que sufren las personas LGTBI+ en estos ámbitos. Todo ello impulsado desde la Subdirección General de Atención a la Diversidad de Género (Dirección General de Igualdad). Elaborar un plan integral de seguridad y protección en las calles de las personas LGTBI+ que, a través de la sensibilización y formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y a la sociedad en general. Se llevará a cabo con la realización de campañas institucionales de prevención e información sobre los derechos de las personas LGTBI+, además del proceso de denuncia de situaciones de lgtbifobia y mediante la elaboración de instrucciones y reglamentos que permitan desarrollar completamente la ley y garanticen la protección y libertad de las personas LGTBI+. Crear y poner en marcha el Consejo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid como un espacio de participación ciudadana superior en materia de derechos y deberes de las personas LGTBI+, y como órgano consultivo de las Administraciones de la Comunidad Autónoma que inciden en este ámbito.

Ley trans madrileña: desarrollo normativo y cumplimiento de la Ley 2/2016 para la mejora en la atención sanitaria y de oportunidades laborales para las personas trans. Garantizaremos la protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las personas trans, así como la defensa de oportunidades laborales de las personas trans para luchar contra la vulnerabilidad y la discriminación que sufren en nuestra sociedad, algo que pone en riesgo su salud y bienestar y limita gravemente su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la creación de un proyecto vital propio. Para ello: Garantizaremos el derecho de las personas trans a ser atendidas en proximidad formando a las personas profesionales sanitarias de atención primaria para que las personas trans puedan recibir la atención en su centro de salud con garantías, sin estigma y con plena protección de sus derechos, dictando desde la Consejería las órdenes necesarias para que así se garantice. Garantizaremos el acceso permanente de las personas trans a la medicación y tratamientos hormonales, arbitrando las medidas pertinentes que eviten el desabastecimiento de la medicación y la consiguiente interrupción involuntaria del tratamiento con medidas específicas a tal efecto. Desarrollaremos un plan específico de atención y protección sanitaria de las personas trans en el ámbito rural con formación y recursos dirigidos a las personas profesionales sanitarias que realizan su labor en este entorno. Desarrollaremos políticas públicas que incentiven económicamente la contratación de personas trans y un plan de difusión de las mismas para luchar contra el desempleo y el empleo en situación irregular de las personas trans, el cual impide su acceso a sistemas de protección social y las expone potencialmente a situaciones de extrema vulnerabilidad en contextos de crisis económica o en casos de enfermedad o vejez que impliquen un cese de esa actividad.

Descentralización en la dispensación de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y servicios de salud sexual de Sandoval. Desde que el Sistema Nacional de Salud financia el tratamiento con Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), el Centro de Salud Sandoval es el único autorizado por la Comunidad de Madrid que la dispensa a quien así lo quiera y cumpla los requisitos. A causa de la pandemia y la falta de recursos, tanto humanos como económicos, la lista de espera para acceder al programa de PrEP se sitúa por encima de los 500 pacientes; lo que supone una lista de espera de más de 4 meses. Ante la falta de voluntad política para trabajar contra el VIH y para mejorar los servicios asistenciales en torno a las ITS proponemos: Crear equipos con formación específica en contenidos epidemiológicos, preventivos, clínicos y psicosociales en relación al VIH y otras ITS , distribuidos por diferentes puntos de la CdM. Introducir en el programa PrEP a los profesionales de Atención Primaria y a las Unidades de Atención especializada en VIH de los hospitales. Contratación de más profesionales de la salud para que el Centro de Salud Sandoval pueda abrir por las tardes. Creación e impulso de programas de prevención ante el incremento de otras ITS debido a la pérdida de miedo al SIDA derivado del uso de PrEP, el consumo de drogas en torno al sexo y a la facilidad de encontrar parejas sexuales a través de apps. Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para incluir al Centro de Salud Montesa en el programa PrEP.

Veto para pactos de gobierno a partidos políticos que fomenten el odio hacia el colectivo LGTBI+ . No llegaremos a pactos de gobierno que incluyan o que estén apoyados por partidos políticos que fomenten el odio hacia las personas LGTBI+, atendiendo como referencia fundamental los Principios de Yogyakarta.

Protocolo para el cambio de nombre del personal autonómico en procesos de transición sexual y/o de género en la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. Crearemos un protocolo para posibilitar el cambio de nombre de los empleados trans del sector público de la Comunidad de Madrid en toda la documentación, bases de datos y registros de la Administración, incluyendo a trabajadores fijos, indefinidos y eventuales.

Formación de trabajadores públicos y protocolos sobre diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Ofreceremos cursos a trabajadores públicos, especialmente a los y las profesionales de la sanidad, educación y fuerzas de seguridad. Además, propondremos contenidos obligatorios en carreras universitarias y módulos de formación profesional y desarrollaremos protocolos sobre diversidad afectivo-sexual.

Adaptar todos los formularios, y comunicación administrativa, a la diversidad sexual y de género, expresión de género y familiar, con la incorporación de una tercera casilla destinada a las personas que se definan como no binarias. Elaboraremos una instrucción que regule el cambio de los formularios y la comunicación administrativa en todas las Consejerías. Modificaremos los modelos de solicitud e instancias a procedimientos en la Administración Pública madrileña para que se recoja también el género no binario.

Igualdad y no discriminación en el trabajo para personas LGTBI+. Fomentaremos la igualdad y la no discriminación en el empleo en colaboración con el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid mediante la firma de convenios. Asimismo, fomentaremos, con los colegios profesionales, la formación y actualización de leyes y contenidos que les afecten en su trabajo respecto al colectivo LGTBI+.

Garantía de trato igualitario y digno a mayores LGTBI+ Adoptaremos medidas para el trato igualitario de mayores LGTBI+ en residencias, centros de día y lugares de ocio, y especial apoyo a los proyectos sociales de la sociedad civil destinados a atender a los mayores LGTBI+.

Apoyo institucional al Orgullo LGTBI+ en la Comunidad de Madrid. Promoveremos y potenciaremos el Orgullo LGTBI+ en la Comunidad de Madrid y ofreceremos el máximo apoyo institucional a los organizadores del mismo. Situar el Orgullo LGTBI+ como una de las máximas expresiones de los valores de la Comunidad de Madrid, extendiéndose al máximo número de municipios.

Creación del Centro de Documentación y Memoria Democrática LGTBI+ de la Comunidad de Madrid. Pondremos en funcionamiento el Centro de Documentación y Memoria Histórica LGTBI+ de la Comunidad de Madrid, estando coordinado con el sistema de Red de Bibliotecas Municipales de Madrid y Filmoteca de Madrid, en cumplimiento de la Ley 3/2016.

Apoyo a la consolidación de un tejido cultural LGTBI+ en la Comunidad de Madrid. Apoyaremos y promoveremos la consolidación de un tejido cultural LGTBI+ que incluya actividades de muestra y representación, así como otras que impliquen la participación ciudadana, poniendo de manifiesto el valor de la cultura como factor educativo y colaborativo por los diferentes municipios de la CM.

Inclusión de la diversidad LGTBI+ en los contenidos de Telemadrid. Garantizaremos que Telemadrid dé cabida en su programación a la diversidad sexual y de género, realizando campañas de no discriminación y visibilización.

Plan integral contra la discriminación de las personas LGTBI+ y para la plena inclusión de las personas trans en el deporte. Desarrollaremos los protocolos contra la discriminación y el acoso en el deporte y para la protección de las personas LGTBI+ que recoje el artículo 48 de la ley 3/2016; contando para ello con la participación de las Federaciones deportivas madrileñas, las entidades deportivas y asociaciones LGTBI+ en el ámbito del deporte, organizadores de competiciones y otros agentes deportivos de la región. Asimismo, pondremos en marcha el Observatorio Regional para la Deportividad, la Diversidad y contra la Discriminación en el Deporte de la Comunidad de Madrid.

Plan integral de atención a las personas LGTBI+ en situación de calle o sinhogar en la Comunidad de Madrid. Crearemos un plan integral que cuente con fondos suficientes para crear recursos habitacionales y un proyecto de acompañamiento, atención y asesoramiento integral a las personas LGTBI+ en situación de calle o sin hogar, en especial si son personas migrantes, solicitantes de asilo o personas trans.

Elaboraremos la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que fijará objetivos de reducción de emisiones del 55% para 2030 comparado con 1990 y emisiones netas nulas para 2040; así como objetivos de reducción de consumo de energía primaria de un 40% en 2050; y el objetivo de que la mayor parte de la energía que consumimos la produzcamos a través de renovables.

Desarrollaremos el Plan “Va a salir el Sol” como instrumento de captación de fondos europeos para fomentar el sector de la energía solar fotovoltaica en nuestra región como fuente de empleo y modernización económica. A través de dicho plan:

Invertiremos en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en los centros educativos, hospitales y otras infraestructuras públicas con el objetivo de ahorrar energía, ahorrar dinero a medio plazo a las administraciones y servir como tracción al sector.

Estableceremos líneas de ayudas a la innovación en empresas madrileñas del sector.

Fomentaremos el autoconsumo colectivo.

Introduciremos el autoconsumo compartido en todas las promociones de vivienda pública.

Obligaremos a introducir el autoconsumo en cualquier promoción de obra nueva y en edificios de más de 1000 m2.

Impulsaremos un aumento sustancial de las subvenciones directas al autoconsumo fotovoltaico industrial de PYMES que esté a la altura de nuestro PIB.

Simplificaremos y unificaremos la tramitación de las obras de autoconsumo en toda la Comunidad: ventanilla única, comunicación previa en edificios no catalogados o que no sean patrimonio.

Estableceremos criterios claros y un sistema de zonificación para que las plantas fotovoltaicas en suelo sean respetuosas con la biodiversidad y el paisaje.

Contrataremos energía eléctrica 100% renovable certificada en todos los edificios administrativos y red viaria de la Comunidad de Madrid.

Replicaremos la experiencia del Plan MADRE, desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad de Madrid, en colaboración con los ayuntamientos, tanto en su diseño, su ejecución y su financiación como su evaluación. Esto nos conducirá a desarrollar un plan de rehabilitación de viviendas autonómico para el periodo 2021 a 2023, que tenga como objetivo la rehabilitación de 50.000 viviendas, que podrían generar del orden de 80.000 empleos, en base a criterios de eficiencia energética y accesibilidad, que sirva como palanca de transformación y mejora de los entornos urbanos, pero también garantizando que las viviendas rehabilitadas con dinero público no contribuyen al aumento de los precios de alquiler y venta en las zonas rehabilitadas, comprometiendo a los usuarios a una cesión de uso temporal del inmueble a un precio regulado.

Desarrollaremos la Ley de Democracia Energética como instrumento principal para luchar contra la pobreza energética poniendo el autoconsumo individual y colectivo en el centro de dicha estrategia.

Estableceremos líneas de financiación a municipios de menos de 10000 habitantes para la instalación de Alumbrado público de bajo consumo

Implementaremos medidas de control de la contaminación lumínica en las vías públicas y de control del gasto energético en la red viaria y los edificios de titularidad pública.

Crearemos la Oficina Ciudadana de Transición Energética, cuya tarea será convertir a la ciudadanía madrileña en un actor clave en la transición energética mediante el asesoramiento y acompañamiento.

Estableceremos un plan de eficiencia energética en el parque de edificios públicos de la Comunidad de Madrid, que incluya impulsar auditorías energéticas y procedimientos de rehabilitación para conseguir que dichos edificios puedan ser certificados como de consumo energético casi nulo.

Elaboraremos y pondremos en marcha un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías y/o combustibles alternativos más eficientes.

Estableceremos líneas de ayudas para la electrificación de vehículos dirigidas a los vehículos que más kilómetros realizan, especialmente de PYMES y autónomos.

Impulsaremos el establecimiento de nuevos puntos de carga eléctricos en los diferentes municipios de la región a través de colaboraciones público-privadas. Esto pasará en primer lugar por mapear la infraestructura de carga ya existente en la región, estableciendo las prioridades en base a la actual y potencial demanda de vehículos eléctricos.

Crearemos una línea de subvenciones específicas para apoyar a los municipios, también jurídicamente, para que establezcan sus propias flotas de bicicletas. Así como otra destinada a la compra y reparación de bicicletas por particulares.

Revitalizaremos el funcionamiento del Consejo regional de Medio Ambiente para asegurar la participación efectiva de las entidades sociales.

Restituiremos las Juntas Rectoras de todos los espacios protegidos, el Patronato de Vías Pecuarias, los Consejos de Caza y Pesca, y los restantes órganos de participación en materia de medio ambiente que fueron derogados por la Ley 9/2010 de 23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y racionalización del sector público.

Elaboraremos un Plan A Regional de lucha contra el cambio climático y la contaminación, que incluya el establecimiento de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes (como Madrid Central), ayudas a la rehabilitación energética de edificios, la producción de energía fotovoltaica y el autoconsumo.

Ampliaremos la Red Regional de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, optimizando la coordinación entre la Comunidad, la ciudad de Madrid y los restantes municipios, con nuevos medidores en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Impulsaremos la creación de zonas de cero emisiones en los cascos históricos de los municipios de la Comunidad, nuevos núcleos de vida social y comercial alrededor de centros peatonales, con fomento de los modos de transporte activos y acceso restringido de vehículos contaminantes.

Aprobaremos un decreto autonómico contra el ruido y la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.

Elaboraremos la Ley de Conservación del Patrimonio Natural, la Biodiversidad y el Paisaje, que creará una Red de Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid, interconectada entre sí a través de corredores ecológicos y con las personas, mediante los centros de interpretación y educación ambiental, las áreas recreativas, la red de senderos y todas las infraestructuras que facilitan a los visitantes el conocimiento de nuestros parajes más singulares, sin perjudicar la integridad de los hábitats.

Actualizaremos el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid, para adecuarlo a la normativa estatal y europea, y elaboraremos los planes de gestión de las especies en peligro y/o vulnerables.

Planificaremos el cierre de un cinturón verde para la corona metropolitana de Madrid, que conecte el corredor ecológico del Suroeste y el Parque Regional del Río Guadarrama, entre Móstoles y Alcorcón, con el Río Henares en Coslada y San Fernando, a través de Polvoranca, BosqueSur y el Parque Regional del Sureste. Garantizaremos la protección del suelo frente a la urbanización, y realizaremos la rehabilitación de vías ciclistas y caminos naturales y la plantación de más de 1 millón de árboles y arbustos autóctonos.

Estableceremos una red de corredores ecológicos con especial atención a la protección del corredor ecológico Meaques-Retamares-Río Guadarrama

Iniciaremos los trámites necesarios para que el Monte de El Pardo sea el segundo parque nacional que tenemos en Madrid.

Impulsaremos el Plan SOS Navacerrada para la restauración integral del puerto de Navacerrada de acuerdo con el Organismo Autónomo Parques Nacionales, incluyendo la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para incorporar zonas de excepcional valor científico y conservacionista, con el objetivo de crear nuevos empleos verdes ligados a la educación ambiental, el disfrute y la observación del medio natural del Parque.

Revisaremos y aprobaremos nuevos planes de gestión para los Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque del Sureste, y Parque del Curso Medio del Río Guadarrama.

Revisaremos el ‘Plan de actuación sobre humedales catalogados de la Comunidad de Madrid’, para incorporar un mayor número de humedales y proteger sus áreas de influencia de actividades dañinas o incompatibles con su conservación, como es el caso de la Laguna de Ambroz en el municipio de Madrid, las charcas de Alpedrete o las lagunas de las Granjillas en Aranjuez y algunas graveras del Río Jarama. Ordenaremos la navegación fluvial en los embalses

Estableceremos Planes de Recuperación de cauces fluviales y naturalización de los tramos urbanos, en particular del río Tajo a su paso por la comarca de Aranjuez. Exigiremos en este caso a la Confederación Hidrográfica del Tajo el cumplimiento estricto de un régimen de caudales que garantice la supervivencia del ecosistema.

Impulsaremos la naturalización del río Manzanares, ampliándola a través del parque Lineal y hasta su conexión con Getafe y Rivas Vaciamadrid.

Revisaremos los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, y declararemos ZEPA el área de aves esteparias de Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro

Elaboraremos la Ley de Caza autonómica, que sustituya la Ley de Caza de 1970, con criterios de sostenibilidad ambiental, conservación y recuperación de la biodiversidad y compatibilidad del uso de los espacios naturales por quienes no practican la caza.

Elaboraremos una nueva Ley Autonómica de Evaluación de Impacto Ambiental, derogada por el PP en 2015, haciendo especial hincapié en la cohesión de los territorios, la regeneración de ecosistemas y prácticas de mitigación del cambio climático

Desarrollaremos el ‘Plan del Lobo’, estableciendo medidas preventivas en las zonas loberas para evitar daños a la cabaña ganadera.

Elaboraremos el ‘Plan de recuperación del lince ibérico’, incorporando a Madrid a los planes europeos de conservación de la especie y fomentando la investigación científica.

Se prohibirá la captura de aves fringílidas para enjaular por su canto, en cumplimiento de la Directiva de Aves Silvestres.

Prohibiremos el Tiro al Pichón y prácticas similares.

Elaboraremos una estrategia general de educación ambiental, en la que se incluya la extensión de la red de centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid para formar e informar a la ciudadanía y la ampliación de los recursos destinados para los servicios autonómicos de educación ambiental, permitiendo así su mayor alcance , y se trabajará en colaboración con el área de educación para implantar mejoras tanto estructurales como curriculares en los centros educativos.

Crearemos el Centro de Educación Ambiental del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Mejoraremos la gestión de las masas forestales, mediante la limpieza y saneamiento de los montes (obtención de leñas y biomasa, generación de empleo, prevención de incendios forestales), favoreciendo el compostaje de los restos de madera, la saca selectiva de árboles y la reforestación con especies autóctonas y diversas, tanto de árboles como de arbustos, generando ecosistemas funcionales.

Estableceremos una Estrategia de Secuestro de CO2 atmosférico de la Comunidad de Madrid para mitigar su huella de carbono, mediante criterios territoriales de secuestro de carbono como prácticas de regeneración de suelos y acumulación de materia orgánica.

Vamos a defender, recuperar y mantener las vías pecuarias, desarrollando la Ley y el Reglamento de Vías Pecuarias.

Crearemos un Comité Asesor Agrario para mantener una comunicación permanente, ágil y cercana entre los agricultores, a través de las organizaciones profesionales agrarias, y la Comunidad de Madrid, a semejanza de otras comunidades autónomas.

Impulsaremos una estrategia de fomento de la agroecología joven de proximidad, facilitando el acceso a la tierra, aportando ayudas y fiscalidad adecuada, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de la Comunidad de Madrid.

Inventariaremos las tierras agrícolas, pastos y montes abandonados, para facilitar la cesión de uso e instalación de nuevos/as emprendedores (jóvenes y mujeres en especial), sin que sus propietarios pierdan los legítimos derechos.

Reforzaremos los servicios de asesoramiento para simplificar la tramitación burocrática y aumentar la eficacia de las ayudas a las explotaciones agrarias familiares.

Procederemos a la protección legal de las superficies fértiles de uso agrícola, ganadero y/o forestal (en uso o abandonadas), de manera que las tierras con vocación agraria no puedan ser objeto de especulación urbanística.

Ayudaremos y potenciaremos la cría de razas autóctonas amenazadas de ganado.

Creación de un banco de semillas de la Comunidad de Madrid, para conservar la diversidad genética de plantas silvestres y las variedades autóctonas de cultivos.

Fomentaremos el uso responsable de fertilizantes y pesticidas en la región, eliminando el uso público de productos químicos perjudiciales para la salud y los ecosistemas, como el glifosato.

Impulsaremos la ampliación de la Denominación de Origen Madrid a los sectores agrarios y ganaderos del campo madrileño, que han demostrado una alta calidad y singularidad en su producción.

Estableceremos una central pública de compras y logística y un mínimo de compra alimentaria de proximidad para colegios y hospitales, donde promoveremos, bien por elaboración propia o bien por cláusulas sociales en la contratación, una alimentación saludable, de ciclo corto y de menor impacto medioambiental que sirva de impulso a la producción del mundo rural de nuestra región.

Ofreceremos menús vegetarianos (100% vegetales) en todos los comedores públicos de la Comunidad de Madrid.

Revisaremos la normativa de producción artesana y cooperativa de alimentos para facilitar la comercialización de productos locales y de proximidad.

Impulsaremos la creación de una plataforma digital de distribución de productos agrarios y ganaderos de la región.

Redactaremos una nueva Ley del Suelo que priorice la protección estratégica del recurso, facilite la rehabilitación y regeneración urbana, promueva los objetivos sociales del urbanismo y combata la especulación.

Derogaremos la Ley 1/2020, de 8 de octubre, aprobada sin quórum y sin participación social y política, por la que se sustituyen las licencias urbanísticas sujetas al control municipal desde el inicio por la declaración responsable que permite el comienzo de obras y actividades sin supervisión municipal.

Derogaremos el artículo 21 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas por la que se modificaba la Ley 9/2001 del Suelo para permitir usos deportivos, de ocio y recreativos (incluidas bodas y banquetes) en fincas rústicas.

Recuperaremos la cesión obligatoria de suelo para vivienda social en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Haremos que sea imposible urbanizar el suelo tras un incendio forestal durante los siguientes 30 años.